Rumania quiere a sus emigrantes de vuelta

Se estima que más de 500.000 rumanos viven legalmente en España, junto al millón y medio más repartidos por otros países europeos, principalmente Italia. Mientras tanto, hay medio millón de empleos vacantes en varios sectores de la economía rumana.

Así lo ha informado hoy en Bucarest el Ministerio rumano de Trabajo y Solidaridad Social (MMFES), que enviará sus propios expertos a España, junto a empleadores y funcionarios de la Agencia Nacional para Ocupación de la Fuerza de Trabajo, de la Casa Nacional de Pensiones, de la Casa Nacional de Seguros de Salud, del Ministerio para Empresas Pequeñas, Medianas, Turismo y Profesiones Liberales.

Los rumanos residentes en España recibirán información sobre los puestos de trabajo vacantes en Rumania, las tendencias de evolución del mercado del trabajo, las oportunidades para abrir un negocio, para su financiación, uso de fondos europeos y formación profesional.

Plazas vacantes

"Si tenemos déficit de fuerza de trabajo es preferible conseguir que los rumanos vuelvan a casa, antes que traer mano de obra de Asia, África u otras partes", ha declarado a la prensa el ministro de Trabajo, Paul Pacuraru. El responsable de Trabajo ha añadido que, según informaciones del Consulado de Rumania en Castellón, "muchísimos rumanos están interesados" en las ofertas.

Según Pacuraru, actualmente hay medio millón de empleos vacantes en varios sectores de la economía rumana. Por otro lado, las autoridades rumanas cooperan con las españolas en una campaña de información para desalentar a los rumanos a que acepten trabajo ilegal, ha añadido el ministro. Una bolsa de trabajo similar a la prevista fue organizada el pasado 23 de febrero para los rumanos que trabajan en Italia.

Estuvo centrada sobre todo en el sector de la construcción, donde los empleadores rumanos ofrecen sueldos de 1.000 euros para los obreros cualificados. El Gobierno rumano adoptó a principios de año un plan de medidas para la vuelta al país de los ciudadanos rumanos que trabajan en el extranjero y que se estiman en dos millones, de ellos más de 500.000 con documentos legales en España.