CSI-CSIF denuncia que ha más "casos Santiago del Valle"

El sindicato ha puesto el dedo en la llaga y ha denunciado que el sistema de Justicia es "obsoleto y tercermundista" y que no existe ninguna coordinación entre los juzgados ni un sistema informatizado en red.

"La culpa de lo que ha pasado no es del juez, sino que la responsabilidad es de la Administración de Justicia. Estamos trabajando como en el siglo pasado", se lamenta Juan Antonio Martín, secretario general del sindicato en Justicia.

Según informa, el sistema judicial tiene una media de sobresaliente en cuanto a la celebración de los juicios, pero falla de manera estrepitosa en la ejecución de las sentencias. "Los expedientes hay que cogerlos físicamente porque los datos no están informatizados. Muchas veces sucede que en un mismo edificio, un juzgado no sabe lo que está haciendo el de al lado, aunque estén buscando a la misma persona", relata indignado Martín.

Sólo de esta manera se explica que Santiago del Valle, condenado por abusos sexuales contra su propia hija, compareciese cada 15 días en un juzgado de Sevilla, mientras que el de al lado le buscaba para ordenar su ingreso en prisión, ya que estaba en paradero desconocido.

La explicación es tan sencilla como que en pleno siglo XXI, en la era de la informática, los juzgados no están comunicados entre sí informáticamente y no tienen ninguna conexión entre ellos. Además, los exhortos judiciales se envían, en el mejor de los casos, por fax, y el control de las órdenes de búsqueda y captura no está informatizado.

Sólo de esta forma el sospechoso del asesinato de Mari Luz pudo campar a sus anchas por la geografía española a pesar de tener nueve causas abiertas en los tribunales.

Por todos estos motivos, el responsable del CSI-CSIF reclama que se termine con un "sistema leonino y anticuado" y que se cree un registro de delincuentes y no sólo cuando se ejecuta la sentencia. En la actualidad, el Registro Central de Penados y Rebeldes, que depende del Ministerio de Justicia, sólo recoge a los delincuentes cuando se ha ejecutado la sentencia.

Por tanto, no hay ninguna base de datos de los delincuentes que no han ingresado en prisión porque no han sido capturados o porque han recurrido la sentencia, ni de los presos preventivos, hasta que la sentencia no es firme.