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El represor Ricardo Miguel Cavallo será extraditado a Argentina

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
El Gobierno ha autorizado la extradición a Argentina del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, alias 'Sérpico', para que sea juzgado en su país, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La decisión del Gobierno se produce después de que, el pasado día 22, las autoridades de México autorizaran a España a "reextraditar" al ex militar —cuyo nombre real es Miguel Angel Cavallo— a Argentina.

Allí será juzgado por su implicación en las torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura (1976-1983).

Detenido en México, procesado en España

Cavallo, procesado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se encuentra en prisión en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde había sido detenido el 24 de agosto de 2000.

El imputado había sido identificado por víctimas del régimen militar argentino (1976-1983) como el capitán de corbeta Miguel Angel Cavallo, alias 'Serpico' y 'Marcelo', y la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana dictó una resolución que permitió conceder la extradición a España.

Hasta su arresto, Cavallo se ocultaba bajo el nombre de Ricardo y el cargo de un discreto director general del Registro Nacional de Vehículos de México.

Para la detención de Cavallo fue fundamental la investigación del periodista argentino José Vales, actual corresponsal para América Latina de 'El Universal', que descubrió al militar fugado en Cancún y plasmó el resultado de sus pesquisas en el diario 'Reforma' y en el libro 'Ricardo Cavallo: Genocidio y corrupción en América Latina'.

Una vez en España, el juez Baltasar Garzón decretó su ingreso en prisión, incondicional y sin fianza. El ex militar estaba imputado, según el auto de procesamiento dictado por Garzón el 1 de septiembre de 2000 dentro del sumario 19/97, por su presunta participación en "detenciones, secuestros, traslados, desapariciones, torturas físicas y psíquicas con reducción a servidumbre de las personas en la Escuela de Mecánica de la Armada", y por "la muerte de diferentes personas".

Sin embargo, en 2006, el juez Sergio Torres de la Audiencia Nacional declinó juzgar al ex militar para inhibirse en favor de la Justicia argentina, que tiene abierta una investigación por los mismos hechos.

Un hito contra la impunidad

Como afirma Ricardo Martínez en su libro 'La memoria contra el olvido: La extradición de Ricardo Cavallo', el fallo de extradición "arrojó consecuencias inmediatas". Las más importantes, "la jurisprudencia universal para procesar a criminales de los derechos humanos y la anulación, el 12 de agosto de 2003, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final".

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ha pedido, tras conocer la noticia, "cárcel común" para Cavallo, y ha dicho que espera que cuando regrese a Argentina "no haya complicidades y arreglos" que eviten una importante condena.

El hito que supuso este proceso fue valorado en su momento por Human Rights Watch como "un momento histórico en la lucha contra la impunidad". Se trataba, dijo entonces la ONG, de la primera vez que un país extradita a otro a una persona por crímenes contra los derechos humanos que sucedieron en un tercer país".

Igualmente, el abogado y profesor de Derecho Penal Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, aseguró en 2004, en declaraciones a EL MUNDO, que "la más digna de las reparaciones que se les puede brindar a todas las víctimas es la Justicia. Es decir, que un día todos los genocidas estén sentados en el banquillo".
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