Iberdrola acusa a Francia ante Bruselas por el blindaje de EDF

Acosado por las especulaciones en torno a Iberdrola y a su propio futuro, Sánchez Galán ha decidido tirar por el camino más corto y ha denunciado al Estado francés ante la Comisión Europea por blindar de forma "ilegal" a la compañía Électricité de France (EDF).

EDF, controlada en un 84,9% por el Estado francés, ha reconocido estar interesada en Iberdrola y ha admitido haber mantenido contactos con el grupo constructor ACS (propietario de Unión Fenosa y primer accionista de Iberdrola) para entrar en la compañía. El anuncio de EDF ha provocado la contundente reacción de Sánchez Galán, que considera a ACS un competidor.

Provisto de argumentos jurídicos por el bufete Latham & Watkins (2.100 abogados en todo el mundo, 400 de ellos en Europa), Sánchez Galán ha decidido denunciar al Estado francés por la tutela que ejerce sobre EDF. El armazón de la denuncia consiste en que las normas que rigen las relaciones entre EDF y el Estado francés (leyes 2004/83 y 1983/675) contravienen la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento contemplados en los artículos 56 y 43 del Tratado de la UE.

La legislación francesa impide la venta de cualquier paquete de EDF que sitúe la participación estatal por debajo del 70% del capital. Además, destaca Iberdrola, de los 18 miembros del consejo de administración, una docena (seis directamente y otros seis en la junta que controla el Estado) son nombrados por el Ejecutivo galo. Por si fuera poco, la Administración designa al presidente y al consejero delegado. En suma, señala Iberdrola a Bruselas, EDF es un frontón en el que se estrellaría cualquier empresa interesada en entrar en el mercado francés. Justo lo contrario de lo que sucede en países abiertos, como España o Reino Unido donde en los últimos años ha habido un auténtico baile en la propiedad de las empresas.

La iniciativa de Sánchez Galán fue conocida pocas horas después de que el presidente de EDF, Pierre Gadonneix, confirmara ante la comunidad financiera de Londres (road show mediante) que sus planes de entrada en España se concretarán tras las elecciones del 9 de marzo. La denuncia, más allá de aplicar la máxima de que quien golpea primero golpea dos veces, supone cuestionar también, entre otras cosas, la tesis defendida hasta ahora por Bruselas de que el origen público o privado del capital es algo indiferente a la hora de autorizar operaciones corporativas en el espacio de la Unión. Es poner en el escaparate los desequilibrios que existen en el mercado energético de la UE, donde Francia y Alemania se resisten a retirar los mecanismos de protección de sus grandes compañías (EDF o E.ON).

Tras la presentación de la denuncia, la Comisión Europea debe decidir si admite los argumentos de Iberdrola. Si los admitiera y tramitara la denuncia, ésta podría dar lugar a un dictamen motivado contra el Estado francés, ante cuyo incumplimiento, la Comisión podría acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Pero antes de que se inicie siquiera ese proceso, Iberdrola tiene que librar otras batallas. Hoy mismo, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) debe decidir si revisa o no la autorización que concedió en su día a ACS (que controla un 12,4% del capital de Iberdrola de forma directa e indirecta) para adquirir hasta un 24,9% de Iberdrola, así como el ejercicio de los derechos de voto que le corresponden. Iberdrola ha pedido la revisión al considerar que las circunstancias que rodean la participación de ACS han cambiado.

La CNE, según las fuentes consultadas, podría desestimar la petición del grupo Iberdrola, si bien dejando alguna cautela legal abierta a la espera de ver cómo discurren los acontecimientos.