“Se dedican más efectivos a seguridad que los suscritos”

El texto recuerda que las competencias en materia de seguridad “corresponden al Estado. En consecuencia, los datos sobre el número de ilícitos penales han de ser publicados por el Gobierno central”.

El comunicado recuerda que no existe una normativa que dicte la periodicidad de las reuniones de la Junta de Seguridad y señalan que en la última, celebrada el 8 de febrero, “la Policía facilitó a todos los presentes, entre ellos a la portavoz del PP, Carmen Rodríguez, los datos correspondientes a 2006. Igualmente, los representantes de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil expresaron en dicha reunión algunos datos sobre la situación de la seguridad, entregando un informe realizado por la Benemérita”.

Por otra parte, añaden que la participación de colectivos sociales y políticos en este tipo de reuniones “es atípica”. Estas reuniones “no son órganos constituidos para facilitar información sobre la evolución de ilícitos penales, por su carácter técnico. No obstante, el Consistorio, por indicación del alcalde, José pablo González, impulsa una labor de transparencia en esta materia que se ha concretado en la convocatoria de la propia Junta al menos una vez al año; se invita a los representantes sociales y grupos políticos; se aportan datos estadísticos de los que se disponen. Sin olvidar que desde la casa consistorial se fomenta la participación ciudadana en materia de seguridad, como acredita el reciente convenio suscrito con los empresarios, o también, con la próxima creación del Consejo Local de Seguridad”.

Sobre las funciones desarrolladas por los agentes de las BESCAM, fuentes municipales han afirmado que “se está cumpliendo con el convenio, mediante la asignación de personal a unidades de seguridad. En ese sentido la Policía de Villalba destina a funciones de seguridad a 86 agentes; esto es, casi el 75 por ciento de su plantilla, y 36 más de los que subvenciona la Comunidad de Madrid a tales fines, lo que certifica el cumplimiento del convenio, ya que se destina un mayor número de policías a seguridad que miembros aportados por la Administración regional, requisito indicado por el propio consejero de Interior y Presidencia, Francisco Granados”.