El PP estudia un presunto caso de trato de favor

La noticia revelada el pasado sábado por el diario Abc sobre la concesión de un contrato público para la Escuela Infantil (comparte espacio con la Escuela de Música) sin la pertinente baremación a un diputado del PSOE ha causado estupor entre los vecinos de Colmenarejo.

Los dos grupos de la oposición, Partido Popular y VICO, se han apresurado a pedir al Ayuntamiento copia del expediente, para determinar si ha podido existir algún tipo de actitud delictiva en la adjudicación que la alcaldesa, Mª Isabel Peces-Barba, llevó a cabo en el año 2003 a un compañero del partido de su hermano, Gregorio Peces-Barba.

La noticia sobre la política de adjudicaciones en contratos públicos que practica el grupo APIC en Colmenarejo ha saltado a la prensa nacional como resultado del seguimiento que este diario estaba realizando al diputado Victorino Mayoral Cortés y su asociación, la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Este diputado socialista es, como explica Abc, el ideólogo de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Vinculación con el PSOE
Al margen de que la prensa nacional busque implicaciones de altos representantes del PSOE, ésta se ha encontrado con un municipio madrileño en el que un partido independiente, APIC, tiene más peso y vinculación con el PSOE que los propios representantes socialistas del municipio. Algo que se puso de manifiesto la pasada legislatura, cuando los tres concejales del PSOE que no estuvieron de acuerdo con las formas de gobernar de Peces-Barba fueron apartados de su propio partido.

El caso que ahora ha salido a luz se fraguó incluso antes de la pasada legislatura, justo cuando terminaba otro mandato en que APIC también compartió gobierno con ediles socialistas. El contrato le fue concedido a la La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular durante la primera legislatura como alcaldesa de Mª Isabel Peces-Barba, con los concejales de APIC, José María Vizcay y Elena Rodríguez, que siguen fieles a la regidora. Los representantes del PSOE eran entonces José Polo, Ángel Laguna y Jesús Entero.

Pero según ha podido confirmar El Faro del Guadarrama, la adjudicación del concurso sí se llevó a cabo siguiendo el baremo de puntos que establece la Ley. Por ello, el propio Victorino Mayoral ya ha anunciado posibles querellas contra aquellos que le han acusado en este caso. El diputado socialista ofreció una rueda prensa el pasado martes, en la que aseguró que se siente víctima de “una campaña de persecución por defender el laicismo y la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía”.

El diputado explicó que la Liga es una ONG sin ánimo de lucro, dedicada al voluntariado, que él preside sin percibir sueldo alguno. Y remarcó que los contratos que ha obtenido, mediante concurso público, lo han sido con ayuntamientos socialistas y del PP, como el de Madrid. En este sentido mostró contratos firmados por Ana Botella cuando era concejala de Servicios Sociales.

“Ni ético ni moral”
Al margen de que la adjudicación del concurso se haya llevado a cabo respetando la baremación por puntos, la concejala popular en la oposición, Carolina Lobos, señala que no ha sido “ético ni moral si la alcaldesa conocía que el diputado es compañero de su hermano”. Lobos asegura que esta ONG “se está lucrando y, a la vez, está privando a empresas o cooperativas de profesores de ejercer su labor. Pero como ha sido listo y está operando con una ONG, aunque en realidad funcione como una empresa, no se le puede acusar por prevaricación”.

Esta concejala tiene claro que la alcaldesa conocía la situación del diputado en la citada ONG. Por ello, y por la labor que está realizando Mayoral en el mercado empresarial de la educación, piensa pedir su dimisión como diputado nacional.