La autoridad de los forestales

La Ley de Medidas Urgentes de Modernización ha dado mucho que hablar, para bien y para mal, pero sobre todo por el artículo que establece la retirada de la autoridad a los agentes forestales. Un cuerpo que ya andaba con la mosca detrás de la oreja y que ahora está en pie de guerra ante lo que considera un atropello sin precedentes y un recorte a sus competencias. Quizá lo más incomprensible sea la tramitación de este aspecto dentro del citado paquete remitido a la Asamblea por vía urgente, ya que convendría haber mantenido reuniones con los trabajadores y sus representantes sindicales con el fin de consensuar una regulación de su labor que vienen demandando desde hace tiempo. La consecuencia más importante de esta pérdida de autoridad es que no podrán actuar sin la oportuna orden judicial, algo que puede ser razonable en cuanto respeto a la titularidad privada pero que también ha de contar con una importante puntualización, puesto que resulta difícil desligar público y privado cuando hablamos de temas medioambientales, y más en cuanto a masa forestal. La medida debe ser corregida y matizada, y sobre todo debe contar con el respaldo, o al menos el consentimiento, de quienes son sus protagonistas en primera instancia. Por otra parte, esta situación refleja la complejidad de poner orden en un campo en el que son numerosos los cuerpos que actúan (retenes, bomberos, Guardia Civil, Policía...), por lo que también convendría delimitar con claridad las competencias y sobre todo trabajar en una mayor coordinación más allá de la letra pequeña.