La Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto un total de 28 años de prisión al vecino de Santa Brígida (Las Palmas) declarado en julio pasado culpable del asesinato de un conocido abogado de las Islas en cuya finca trabajaba en calidad de vigilante.
La sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas declara probado que en la mañana del 29 de mayo de 2022, el acusado, “movido por un sentimiento de odio y resentimiento acumulado desde años atrás” hacia el letrado, “con intención de acabar con su vida de forma cruel, tal y como había planteado, cuando observó que salía de su vivienda (…) lo esperó en un pasillo estrecho con un cubo de pintura que había llenado previamente con gasolina y gasoil y, cuando se encontró con el señor (…), arrojó el contenido del bote por todo su cuerpo, le empapó desde la cabeza hasta los pies, prendiendo simultáneamente con un encendedor el acelerante arrojado, que se inflamó de modo inmediato, envolviendo en llamas a la víctima, quien lanzó gritos de dolor y pidió auxilio a su esposa”.
Agrega el fallo que la víctima reaccionó dirigiéndose a un aljibe que tenía en su finca y metiéndose dentro con intención de apagar las llamas con el agua. El acusado, expone, “cerró la tapa del aljibe dejando a su víctima en el interior, y cubrió la tapa con un horno viejo y la puerta de un coche”.
La mujer del hoy fallecido, sigue la resolución, oyó los gritos de su marido pidiendo auxilio y acudió al lugar de donde provenían, encontrándose de frente al acusado con un cuchillo de grandes dimensiones. Agarró por el cuello a la mujer y le exigió que le diese el teléfono móvil. Después, la encerró en la vivienda para impedir que pudiera auxiliar a su esposo, aunque ella saltó por una ventaja y logró pedir ayuda a unos vecinos. Estos llamaron a la Guardia Civil.
El abogado fue encontrado con vida en el aljibe y trasladado al Hospital, donde no pudieron salvarle la vida. Murió al día siguiente en Madrid.
La sentencia da forma jurídica al veredicto de culpabilidad emitido por el tribunal de jurado en el pasado mes de julio, e impone al acusado 23 años de prisión por asesinato, un año por un delito de coacciones y cuatro años por la detención ilegal de la esposa de la víctima. Además, le impone la obligación de indemnizar con 100.000 euros a la viuda.
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