Convenios urbanísticos bajo sospecha. Llega la marabunta estival - ¿Se confundió Galbeño o lo confundieron?

Algunos de los convenios urbanísticos aprobados recientemente por los consistorios serranos siguen, al parecer, pendientes de ratificación por estar bajo sospecha, de ahí que los responsables del Ejecutivo regional, tras el paréntesis provocado por los últimos comicios, se hayan planteado estudiar pormenorizadamente el contenido de los mismos antes de darles el visto bueno. Transparencia Internacional, organización no gubernamental pionera en la lucha contra la corrupción en el mundo, ha emitido un informe donde sitúa la actuación de los ayuntamientos “como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción”, añadiendo que la causa de este fenómeno hay que buscarlo en la “calificación de suelo urbano”. Por su parte, el Defensor del Pueblo, en un dictamen sobre este mismo tema, recoge que los convenios urbanísticos “permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado clarifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico”. Esta práctica, prosigue el informe, “ha hecho posible que se estén generando ocasiones de corrupción muy numerosas”.

Ambos dictámenes se convierten, al menos desde mi punto de vista, en un aviso importante sobre todo para aquellos a los que les gusta navegar en las aguas turbias del urbanismo local, siendo conscientes que a través de este tipo de convenios pueden obtener importantes plusvalías, puesto que, prácticamente, todos los alcaldes suelen estar a favor de ellos por considerarlos como el medio más rápido a la hora de conseguir ingresos para las arcas municipales, dotaciones públicas o mejoras en las infraestructuras de la localidad.

También se dice que la Fiscalía Anticorrupción va a proponer que se retire a alcaldes y concejales de Urbanismo la inmunidad que les ha servido hasta ahora para salvar sus cabezas (sobre todo en aquellos Consistorios que tienen en plantilla a asesores especializados en esta área), al desviar su responsabilidad hacia los técnicos que ellos mismos controlan, consecuencia de que la ley otorga a los cargos políticos el derecho a desconocer la normativa legal, cuando para el resto de los ciudadanos su desconocimiento no es causa de impunidad.

El Gobierno es consciente que uno de los problemas más graves de nuestro país es la corrupción urbanística, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años.

LA MARABUNTA ESTIVAL.- Muchos residentes en distintas urbanizaciones de la Sierra del Guadarrama se sienten bastante preocupados ante el inicio de esta nueva temporada estival, por el temor a tener que volver a soportar las molestias generadas por los más jóvenes, que aprovechan los dos meses veraniegos para alagar las veladas sin respetar el descanso de los demás. Un vecino del villalbino Parque de La Coruña nos decía: “Aparcan sus coches junto a nuestras viviendas, ponen la música altísima, gritan, hacen botellón hasta altas horas de la madrugada y cuando se marchan nos dejan la calle echa un asco, llena de micciones, de vidrios rotos, de bolsas de plástico, latas, papeles... Y lo más grave es que si les llamas la atención te insultan o te amenazan. El problema se podría solucionar si la Policía Local interviniese, pero cuando reclamas su presencia y tienes la suerte de que acudan, se limitan a pedirles la documentación y punto”.

Ante una situación, que no es nueva precisamente, corresponde a nuestras autoridades asumir el problema y poner los medios para que se respeten los derechos y libertades inherentes en toda persona, como es el derecho al descanso, sin que esto se convierta en un impedimento a la hora de intentar que diversión y descanso puedan volver a ser compatibles.
¿FUE ERROR DE GALBEÑO?.-El alcalde de Torrelodones acaparó durante 48 horas la atención de la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país por el hecho de haberse asignado, en el segundo pleno de la recién estrenada legislatura, un salario anual de 94.445 euros, tras aplicarse tanto a él como al resto de los miembros de la Corporación (oposición incluida) un incremento salarial por encima del 30 por ciento. Esto, en un país donde las remuneraciones de los trabajadores no superan en los últimos años incrementos superiores al 5 por ciento, es un grave error que Galbeño supo corregir de inmediato: “No voy a permitir que una polémica basada en falsas comparativas -dijo el regidor torrelodonense- y artificialmente impulsada por una determinada fuerza política [Vecinos por Torrelodones anunció que se erigía en el segundo político con mayor sueldo en España], se pueda convertir en un debate público que puede ofrecer una imagen absolutamente equivocada de los motivos que, en su día, me hicieron entrar en política”. Y volvió a ratificar su firme decisión de no volver a repetir como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales.

Aunque el error ha sido subsanado, y conociendo la forma de pensar de Galbeño, nos queda la duda de saber si fue él quien tomó directamente esta decisión o si fueron otros los que le animaron a que lo hiciera.