El familiar de un anciano interno en la residencia Arzobispo Morcillo de la localidad de Soto del Real, también conocida como la ‘residencia de los horrores’ se cerrará durante al menos un año tras una inspección de la Fiscalía de Madrid llevada a cabo esta misma semana, tras las quejas recibidas donde se decía que se estaban abandonando a su suerte a 60 ancianos en la calle sin previo aviso.
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familiares ha indicado a Europa Press que el cierre temporal de estas instalaciones se comunicó ayer miércoles, por la tarde al centro. Se garantizará, dice el comunicado, la atención a los afectados.
En cuanto a los residentes, la Comunidad de Madrid ha informado a los familiares de los residentes de la situación, y en caso de que no puedan asumir el cuidado de su familiar se les habilitaría plazas de emergencia en centros dependientes de AMA o de la Dirección General de Dependencia. Frente a ello, un familiar ha explicado en un comunicado “que ni la residencia ni la Comunidad de Madrid nos ha avisado” encontrándose al llegar a los residentes fuera de las habitaciones y la única explicación fue que el director había ordenado cerrar el centro”.
Ello implica que todos los residentes se quedan en la calle ya que la Comunidad de Madrid no ha contactado con nadie ni facilitan ninguna solución. Además la Guardia Civil, ha precintado la puerta del centro de medicación “y no nos facilitan la medicación ni las tarjetas sanitarias a los familiares”, han criticado.
Estado deplorable
El pasado mes la Fiscal encargada del servicio de discapacitados de la Fiscalía de Alcobendas hizo una visita de inspección a esta residencia donde comprobó el deplorable estado de sus instalaciones interiores. Es más, a preguntas de la Fiscalía uno de los responsables de este centro dijo el pasado 8 de julio no tener acceso al historial clínico de los 60 internos que se encontraban e una sala que contaba con sólo dos auxiliares para atenderlos “presentando alguno de ellos mal. estado físico”.
La Consejería, según fuentes fiscales, ya había realizado una visita de inspección el pasado mes de junio, lo mismo que hizo la Consejería de Sanidad el pasado 1 de julio, Tras el levantamiento de las correspondientes actas, los hechos ha sido puestos en conocimiento del Fiscal Decano para que las personas con discapacidad, quien indicó la necesidad de que la Guardia Civil elabore un atestado, todo ello coordinado con el servicio CIRA (acrónimo con el que se conoce la Subdirección General encargada de la inspección de residencias públicas)
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