La exalcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado condenada por un delito de prevaricación administrativa a siete años de inhabilitación

La sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia con fecha 23 de octubre de 2018, por la que condena a Maria Casado Nieto (ex alcaldesa del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alpedrete) como autora de un delito de prevaricación administrativa a la pena de siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, sentencia contra la que no cabe recurso. Esta sentencia es el final del recorrido judicial y político de la ex regidora de Alpedrete, que se inició hace ocho años con la interposición de una querella por parte de la Sección Sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Alpedrete contra la por entonces alcaldesa, Maria Casado Nieto.
Según el comunicado de CCOO, sindicato denunciante del delito “Los hechos probados demuestran que contrató mediante decreto a dos oficiales del Departamento de Obras sin proceso selectivo previo, apartándose conscientemente de la legalidad, con los informes desfavorables de la Secretario y la Interventora del Ayuntamiento y privando así a muchos desempleados de la comarca al derecho constitucional del empleo público.
Ha quedado probado que la exalcaldesa Maria Casado Nieto actuó al margen del ordenamiento jurídico, que juró cumplir y hacer cumplir, cuando accedió al cargo y lo hizo con total arbitrariedad, prepotencia y desprecio a la legalidad, ocasionando un perjuicio irreparable al buen nombre de Alpedrete y sus instituciones.
En cumplimiento de la sentencia, la señora Casado deberá renunciar a su actual cargo de Concejala y portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, quedando en entredicho que sea merecedora de la confianza del Viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid en cuya Consejería, en la actualidad y en calidad de asesora, percibe una retribución anual de 53.640,16 euros.
Comisiones Obreras, como sindicato denunciante, ha sufrido la severidad de la justicia, cuando se le exigió una fianza de 3.000 euros para que la querella pudiera tramitarse, cantidad que pudo satisfacer gracias a las aportaciones de muchos trabajadores del Ayuntamiento y vecinos de este municipio. Desde el sindicato hemos tenido que enfrentarnos a las declaraciones de la ex-alcaldesa en los medios de comunicación, que habitualmente sirven de altavoz al Partido Popular, intentado hacer creer a la opinión pública que tan solo era la víctima de una venganza personal con oscuros objetivos políticos partidistas, creando una campaña de desprestigio hacia la trabajadora firmante de la querella por haber osado denunciarla, no exenta de amenazas.
Ha sido un largo y duro camino de determinación y lucha el que nos ha llevado hasta este momento de satisfacción. La culminación con éxito de nuestro compromiso en la defensa de nuestra dignidad y de nuestros derechos es la demostración de que la organización sindical de los trabajadores es un instrumento indispensable, no sólo no para la defensa y mejora de nuestras condiciones de trabajo, sino para la vigilancia de las vulneraciones de la legalidad por aquellos que, en teoría, son la primeros llamados a defenderla”