De la calle Santa Rosa, 15 y 15 bis de San Lorenzo de El Escorial al intento de recalificación de Monesterio con Fernández Quejo, Porto Rey y Leopoldo Arnaiz al frente

Tal como recogíamos en uno de los artículos relacionados con el ‘Caso de la calle Santa Rosa, 15 y 16 bis’, de los que esta periódico ha dado amplia información en estos dos últimos meses, contencioso que después de 20 años sigue abierto por una evidente dejación de funciones por parte de los dirigentes municipales del PP y, también, de los responsables de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presidida en las cuatro últimas legislaturas, primero por Esperanza Aguirre y más tarde por Cristina Cifuentes y en las que San Lorenzo de El Escorial ha protagonizado una parte importante de la historia negra del urbanismo en el Real Sitio, siempre bajo los gobiernos de José Luis Fernández-Quejo, actual diputado regional en la Asamblea de Madrid.

La relación del que fuera director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto Rey y José Luis Fernández Quejo, por entones regidor del ayuntamiento sanlorentino, viene de hace casi veinte años, de ahí que Porto tras dimitir del cargo de máximo responsable del urbanismo madrileño, acudiese como testigo a un juicio oral, celebrado en Madrid en el mes de junio de 2005, contra Fernández Quejo, acusado de un presunto delito urbanístico y en el que el ya exdirector general descalificó a uno de los técnicos de su propio departamento que había firmado un informe que declaraba nulas las licencias urbanísticas concedidas por el alcalde, que finalmente y gracias a las manifestaciones de tan privilegiado testigo resulto absuelto. El testimonio de Porto Rey desbarató en parte la principal prueba que tenía el Fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio contra el alcalde serrano. Lo más curioso y preocupante del caso es que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial había adjudicado a la empresa Plarquin, de la que Porto fue socio hasta el año 2003, el desarrollo urbanístico de Monesterio, un proyecto de construcción de miles de casas y un gran centro comercial en este mismo término municipal.

La prueba en cuestión se basaba en un informe firmado en el año 1998 por técnicos dela Consejería de Urbanismo, en el cual se “declaraban nulas de pleno derecho las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo a la empresa Inversiones Neypas S.L. Fernández Quejo fue absuelto junto con otros cinco ediles populares de la acusación de haber recalificado una parcela que estaba protegida, saltándose la normativa urbanística y también de permitir una tala de árboles centenarios”.

El informe que cuestionó Porto (21 de septiembre de 1998) estaba respaldado por la firma de Beatriz Lobón (Jefa de Urbanismo de la Consejería de Obra Públicas, Benigno Pasarón (Técnico informante de inspecciones urbanísticas en la zona de planeamiento y Tomás Avendaño Pereda, jefe de sección de Inspección Urbanística. En la fecha de celebración de este juicio Esperanza Aguirre era ya la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Fuentes judiciales consideraron al menos llamativo que esta manifestación la hiciera el exdirector de Urbanismo de la Comunidad de Madrid como “testigo de la defensa” y que fuese la empresa Plarquín la que resultara adjudicataria, en mayo de 2004, del diseño del Desarrollo Urbanístico de Monesterio. Este complejo contemplaba levantar otro casco urbano en San Lorenzo para 18.000 personas en un paraje situado a cinco kilómetros del actual.

Informe de Ecologistas en Acción
Por entonces y bajo el titulo “San Lorenzo de El Escorial pone en riesgo el futuro de los equipamientos públicos” Ecologistas en Acción emitió un informe en el que entre otras cosas decía: ”El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, y el arquitecto que heredó los proyectos del director general de Urbanismo, Alejandro Arce Naveiro, ponen en riesgo el futuro de los equipamientos públicos durante una maniobra urbanística. Una modificación del planeamiento general del municipio pretende eliminar el uso característico de las parcelas destinadas a equipamiento público e introducir el uso residencial.

La modificación número 17 de las Normas Subsidiarias, texto redactado por la consultora D+iZone (anteriormente Plarquín) de Alejandro Arce Naveiro, Enrique Porto Rey fue el administrador del Plarquín Consultores hasta que cedió su puesto a Arce Naveiro. Porto Rey dimitió de su cargo en 2006, tras hacerse pública la presunta relación con esa consultora y con diversas irregularidades cometidas.
“Entre otras cosas, decía Ecologistas en Acción, la nueva modificación prevé permitir el uso residencial en las parcelas destinadas a equipamientos. En concreto se autorizaba el uso de residencial comunitaria (residencias religiosas para estudiantes, etc) permitiendo el uso lucrativo de las mismas (privadas). Este nuevo uso residencial no tenía límites de ocupación de parcelas. Eso quiere decir que se podía construir una residencia privada que ocupara la totalidad de una parcela destinada a un equipamiento público, inclusos se podría eliminar esta y construir una residencia privada en su lugar.

Paralización del Plan General de Urbanismo
El 30 de enero de 2014, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial presidido aún por José Luis Fernández Quejo desiste oficialmente de su intención de aprobar el avance del Plan General de Urbanismo. Así lo comunica a la corporación municipal a través de un comunicado justificando tal decisión en el hecho de que “desde que se formuló este avance del PGOU en 2004 a día de hoy, tal proyecto no ha podido aprobarse de forma definitiva”. El Ayuntamiento hizo un repaso sobre las fechas relativas al urbanismo de la localidad, señalando que en 2004 formuló el avance del PGOU, aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno de fecha 14 de enero de 2015.

Desde entonces se produjo la declaración del término municipal como Bien de Interés Cultural, en su categoría de Territorio Histórico; en 2006 el municipio fue incluido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra del Guadarrama (2009), y la Dirección General de Patrimonio Histórico puso la ‘guinda al postre’ al requerir al Ayuntamiento que adoptara el avance del PGOU a la Ley de Patrimonio Histórico de 2013.
“La situación actual es que a día de la fecha, dicen fuentes municipales, aún no se ha podido aprobar definitivamente el Avance del PGOU, ni parece que pueda aprobarse en los términos redactados en la actualidad”.

El PSOE califica el nuevo planeamiento de irracional
Por otra parte el PSOE a través de su portavoz municipal, Francisco de Gregorio, señaló que el PGOU era un despropósito y una desfachatez y que se hizo en los años de la ‘burbuja inmobiliaria’. “Se ha venido abajo porque era irracional y contemplaba, entre otros proyectos la construcción de 7.500 viviendas en la zona de Monesterio”. De Gregorio señaló: “El hecho de que el gobierno local haya desistido de su aprobación era una buena noticia que se tenía que haber conocido antes. Se ha roto el plan que pretendía agotar todo el territorio construible”. Añadiendo que de haberse llevado a cabo el proyecto, el Gobierno local hubiera sido una ruina para San Lorenzo de El Escorial porque supondría la congelación del núcleo histórico y la creación de otro gran núcleo residencial de 325 hectáreas al Sur de la A-6. Como consecuencia de ello el 20 de diciembre de 2013 la Junta de Gobierno presidia por José Luis Fernández Quejo “decidía dar carpetazo al contrato” que el Ayuntamiento mantenía con la empresa ‘D+1Zona Arquitectos Asociados’ (antigua Plarquín Consultores S.L.) empresa encargada de hacer el PGOU que el Partido Popular había lanzado en 2005. Así se rompía una relación que el gobierno local primero tuvo con Porto Rey y después con Leopoldo Arnaiz, uno de los personajes del urbanismo salvaje, que además estaba involucrado en temas relacionados con la trama Gürtel”, aseguró el portavoz socialista.

Pero según el PSOE local, al nuevo núcleo residencial de 325 hectáreas se añadía una “pequeña ampliación al norte de la M-507, “fundamentalmente para uso terciario y de industria de alta tecnología”.
“Esta ampliación está localizada junto a la llamada ‘Área de Actividad’ contemplado en las actuales Normas del año 1999, al norte de la A-6 y hasta la M-507, denominado SAU 2, industrias en polígono de 228.096 metros cuadrado de suelo (23 hectáreas) y 176.000 metros edificables, lo que en conjunto supondría 3.478.096 metros cuadrados (348 hectáreas),” ha explicado De Gregorio. Además ha detallado que los convenios planteados sobre el total de estas hectáreas •”implicaban la creación de un área residencial de 7.500 nuevas viviendas y un área de actividad de 18 hectáreas, con una propuesta excesivamente justificada “para las previsiones residenciales y la creación de un barrio autosuficiente de accesibilidad metropolitana en las márgenes de la A.6”.
“Visto con esta perspectiva esto parecía cómico y hubiera sido la ruina para nuestro municipio. Desde este punto de vista la oposición a este proyecto por parte del PSOE y de los grupos ecologistas ha sido fundamental para que este dislate no se haya producido”.