La presidenta del C.C Zoco de Torrelodones denunció en la Guardia Civil al concejal de Urbanismo por coacciones

Tal como recogía ayer El Faro del Guadarrama, la discusión mantenida el pasado viernes entre la presidenta del C.C. Zoco de Torrelodones y el Concejal de Urbanismo de este Ayuntamiento finalizó, al menos de momento, con la presentación por parte de esta señora de una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Torrelodones contra el edil torresano, Santiago Fernández, por un presunto delito de coacciones.

Según fuentes oficiosas, el concejal Santiago Fernández, marido de la alcaldesa, Elena Biurrum, indicó que la barrera que cerrada el acceso al aparcamiento del citado centro comercial “no contaba con la licencia de obras correspondiente y le invitó a retirarla. La presidenta de la citada comunidad de propietarios le respondió que: “hemos solicitado dicha licencia hace más de un año, transcurrido este tiempo, hemos considerado concedida dicha licencia por silencio administrativo”.

Por otra parte, Santiago Fernández respondió que “no era cierto que hubiera transcurrido un año desde que cursaron dicha licencia”, añadiendo que el tiempo transcurrido era de ocho meses y, aceptando que era un “lapso prolongado”, procediendo seguidamente a pedir disculpas por ello, aunque añadió que este espacio “aun siendo privado, es de uso público, por lo que no puede cerrarse”. Y concluyó asegurando que “el silencio administrativo en este caso es negativo, por lo que la licencia debe estimarse como ‘no concedida’ a todos los efectos”.

La disputa entre la presidenta del Zoco y el Concejal de Urbanismo se saldó con una denuncia de la primera en el Cuartel de la Guardia Civil de Torrelodones por “coacción y amenazas”.

También el Ayuntamiento ha anunciado que estudiaba demandar a la presidenta del C.C. Zoco por “denuncia falsa”.

Silencio administrativo
Las discrepancias entre la representante del C.C. Zoco y el Ayuntamiento de Torrelodones se centran en el ‘silencio administrativo’, al que ha aludido tanto la presidenta de dicho centro comercial como el concejal de Urbanismo. Al respecto, hemos de decir que se denomina ‘silencio administrativo’ al hecho de que cuando un ciudadano solicita algo de la Administración Pública (Estado, Ayuntamiento, Gobierno, etc…) puede darse el caso de que esta no responde (como ha sucedido en el caso que nos ocupa). La Ley establece en ciertos casos que cuando el silencio administrativo es ‘positivo’, esto significa que lo que se solicita es concedido. Sin embargo lo más corriente es que el silencio administrativo sea negativo, en cuyo caso el ciudadano debe saber que, transcurrido el plazo legal, puede recurrir la referida negativa a instancias superiores. En este caso el Ayuntamiento no ha dado esa posibilidad, al no pronunciarse por escrito a la petición, de ahí que el contencioso puede seguir adelante ante otras instancias”. Y lo que desde luego no es de recibo que un Ayuntamiento como el torresano que presume de actuar dentro de la legalidad, haya tardado tanto tiempo en contestar a una vecina, como es el caso en un asunto tan importante como el que nos ocupa.