Los sindicatos UGT, CCOO y CPPM han denunciado que el Policía Local de San Agustín de Guadalix ha amenazado de muerte a unos compañeros después de reincorporarse a su puesto de trabajo, tras haber sido detenido por supuestamente robar cobre en el municipio en el año 2015.
“Desde que llegó tras una larga baja, el ambiente es malo y tenso, la gente tiene miedo por las amenazas que el detenido hizo en su momento y la cosa puede empeorar porque hay otras amenazas encubiertas. Y lo peor es que el Ayuntamiento no interviene en el asunto. “No tenemos constancia de que haya procedimiento administrativo abierto paralelo al judicial”, han indicado las mismas fuentes.
Hace unos días los tres sindicatos con representación en el Ayuntamiento emitieron un comunicado en la Cadena Ser, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que recuerdan al alcalde del municipio y a la concejala de Seguridad que el citado agente fue detenido la propia Policía Local el 3 de mayo de 2015 y que las diligencias las lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas.
Tampoco el Ayuntamiento ha abierto expediente disciplinario al Policía Local y que tampoco se ha hecho, como dijeron, una evaluación psicofísica en los términos establecidos en la ley de Prevención de Riesgos Laborales”.
Estrés y ansiedad
“Pese a nuestros requerimientos, añaden los sindicatos, en relación al riesgo que coincidieran durante el servicio el Policía objeto de la detención y los agentes que procedieron a la misma, siempre teniendo en cuenta la presunción de inocencia de uno y la seguridad de los otros, han creado un enorme malestar en la plantilla, generando un clima laboral insostenible para todos sus miembros, indistintamente del turno o su grado de participación en los hechos y que nos lleva a actuar ante la pasividad del Ayuntamiento”, han señalado.
Como consecuencia de todo ello, algunos componentes de la plantilla “ante la situación de estrés y ansiedad” se han visto obligados a solicitar el servicio de profesionales clínicos que han diagnosticado problemas de salud para los mismos, motivo por el cual algunos han estado en situación de incapacidad laboral”.
Los sindicatos reprochan al Alcalde que no haya abierto expedientes, la falta de información sobre la retirada cautelar del arma y la adecuación al puesto de trabajo. “Al contrario de lo comprometido este funcionario realiza servicios con el arma reglamentaria y uniformado, en patrulla unipersonal, en vehículo oficial y realizando las funciones propias de la Policía Local”.
Y también le reprochan a la prime ra autoridad local que “haya criminalizado” la situación de los agentes que practicaron dicha detención y que no se les haya dado ayuda psicológica “pues están siguiendo tratamientos médicos como consecuencia de la misma”.
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