El fiscal pide para el ex alcalde de El Escorial, Javier de Miguel Sánchez, seis años y seis meses de prisión

Todo comenzó en octubre de 2014 cuando salió a la luz pública una investigación que acusaba a 86 consejeros de Caja Madrid de haber gastado más de quince millones de la CajaMadrid-Bankia de forma indebida. Sería en febrero de 2016 cuando el juez Andreu, de la Audiencia Nacional, dictó el auto de apertura del juicio oral contra los investigados, acusándolos de delitos de administración desleal y apropiación indebida, quedando la cifra reducida a 65, entre los que se encuentra el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa y el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, para los que la fiscalía pide seis años y cuatro y medio de cárcel, respectivamente.

Entre los acusados en esta causa también se encuentra el ex alcalde de El Escorial en la década de los 90, Javier de Miguel Sánchez, al que la fiscalía le pide una pena de dos años y seis meses de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo para el ejercicio de la actividad bancaria por el presunto delito de apropiación indebida en grado continuado. De Miguel, según la fiscalía, se gastó 172.750 euros en restaurantes, hoteles, viajes, compras en grandes almacenes, gasolineras, hoteles, ropa, talleres mecánicos, etc.

Otros beneficios ‘extras’
Ser consejero por entonces de Caja Madrid no solo acarreaba el privilegio del uso de la tarjeta negra (black), opaca al fisco. También permitía auto concederse créditos y avales empresariales en condiciones ventajosas que iban aumentando a medida que la crisis económica se afianzaba en España. En total, el ‘núcleo duro’ del clan de la Visa, consiguió préstamos por valor de 50.193.000 euros, según el periódico ‘Público’, que al respecto decía que tras Gerardo Díaz Ferrán, que gastó 94.000 euros con su tarjeta opaca y logró de Caja Madrid préstamos personales por importe de 32.412.000 euros, a los hay que añadir otro familiar por importe de siete millones, estaba en el ‘ranking de los más beneficiados’, Javier de Miguel Sánchez, ex alcalde escurialense y persona de total confianza del es alcalde de Madrid y ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Este concejero se gastó 172.700 euros en tarjetas ‘fantasma’ y consiguió vía créditos y avales, 4.193.000 euros en el año 2006. El tercer favorecido en el tema créditos blandos sería Arturo Fernández, presidente del grupo Cantoblanco y ex presidente de CEIM que además de gastar con su tarjeta ‘black’ 38.800 euros, se benefició de créditos y avales para su empresa por un importe de 2.579.000 euros.

Tragsa y De Miguel
El sindicato UGT, en una información publicada en julio de 2015, bajo el titulo “La corrupción y Tragsa: como convertir la empresa pública en cortijo de algunos”, de la que por entonces Javier de Miguel era delegado en Madrid, rechazaba el fichaje y mantenimiento en esta entidad de políticos retirados, sobre todo cuando algunos de ellos se vieron imputados en escándalos y casos de presunta corrupción. “Es intolerable, decía este sindicato, que en estos momentos se siga fichando a políticos retirados de dudosa catadura moral, que no hacen más que incrementar innecesariamente la nomina de altos cargos , ya injustificadamente abultada”.

Tragsa tenía previsto premiar a Javier de Miguel, por entonces delegado de este empresa en Madrid, con un puesto de delegado en Brasil y un sueldo de 170.000 euros anuales, pero tras el escándalo de las tarjetas ‘black’ y salir a la luz pública su implicación fue despedido, decisión que recurrió y ganó en los tribunales, debiendo ser indemnizado.

En Tragsa, según ‘Somosindicalistas.es’ (26 de julio de 2013), mientras mil trabajadores veían peligrar su puesto de trabajo, la dirección , entre los que se encontraba el ex alcalde de El Escorial, iba engordando su aparto directivo y entre los fichajes de por entonces destacaban el yerno de Gabino Puche (diputado del PP), la hija de un ex socio del ex ministro Arias Cañete y un primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Javier de Miguel, según esta información, también hizo uso de su poder colocando a un alto cargo del PP canario y en octubre. anunció la contratación como delegado Tragsa en Galicia del ex alcalde de Santiago de Compostela. Ángel Curras, dobletemente imputado por corrupción, nombramiento que no llegaría a consumarse por el escándalo que la noticia provocó entre la opinión pública.