¿Está supeditado el gobierno de Alpedrete al PGOU?

Un día antes de la formación del nuevo gobierno municipal de Alpedrete (12 de junio de 2015), Carlos García-Galbert (Alpedrete Puede), Isabel Balandín (UNPA) y Marta Díaz (PSOE), en representación de sus respectivas formaciones políticas, firmaron un acuerdo de Gobierno con el que, según los protagonistas del mismo, se ponía “el punto y final a doce años de políticas del PP”.

Un año más tarde, todo parece indicar que dicho pacto de gobierno no pasa precisamente por su mejor momento. Motivo: el Plan General de Ordenación Urbana de esta localidad que, a tenor de las declaraciones realizadas últimamente por los miembros del ejecutivo en coalición, está muy lejos de poder alcanzar el acuerdo necesario para superar el escollo urbanístico generado por el posicionamiento de ambos grupos, lo que ha quedado en evidencia tras el comunicado emitido por el Círculo Podemos que calificaba el PGOU de obsoleto.

Para Alpedrete Puede, se trata de “un documento urbanístico fruto de otros tiempos, los de la ‘burbuja inmobiliaria’, cuya finalidad no era el ordenamiento sostenible, sino el crecimiento desmesurado para el beneficio económico de promotores y especuladores”
No piensa igual el PSOE, su socio de gobierno, cuyos representantes han pedido públicamente que se cumpla el acuerdo firmado entre las partes en junio del pasado año, “en el cual se acordó modificar el PGOU elaborado por el PP y aceptar la propuesta del PSOE para cambiar dicho planeamiento en los siguientes términos: aceptar las alegaciones presentadas por el PSOE en 2014 y que está basado en eliminar el desarrollo ‘Cerca de los Robles’ y la ampliación del casco urbano. Los socialistas también han querido aclarar que en dicho acuerdo si se habla de “Arcilleros Norte; de la ampliación del Polígono Industrial y su cambio a comercial; de Los Llanos Sur (800 viviendas); de aumentar edificabilidades; de actuaciones especiales obligadas por ley y de modificar algunos errores técnicos. Finalmente los socialistas advierten que el documento pactado entre Podemos, UNPA y PSOE, fue entregado por el redactor el 5 de abril de 2016 en el Ayuntamiento y que, desde entonces, el alcalde no ha convocado el pleno pertinente para que sea ratificado”. De ahí que los socialistas, caso de no ser aceptabas sus propuestas, anuncien que “nos plantearemos de manera sosegada y tranquila las acciones que devuelvan al municipio la trasversalidad y el buen hacer de su gobierno”. Y entre esas acciones ¿acaso se contempla la ruptura del pacto de gobierno entre ambas formaciones?
En septiembre, con la vuelta de los concejales de Alpedrete a su actividad política, se van a encontrar sobre la mesa con esta asignatura que ha quedado pendiente. Y del aprobado o el suspenso de la misma podrá depender la gobernabilidad del municipio.

Viejos conflictos
Pero estos conflictos relacionados con las normas urbanísticos en este municipio vienen de largo. El penúltimo se produjo el 8 de enero de 2014 (gobernaba el PP), cuando la concejala y secretaria general del PSOE, Marta Díaz (ahora en el Gobierno municipal), ante el estupor de sus compañeros socialistas, apoyó en el pleno celebrado a finales de diciembre de 2014, el PGOU elaborado por el Partido Popular. Arturo Trigo, por entonces concejal socialista denunció la ‘traición’ de su compañera así: “Espero que ese voto favorable no tenga nada que ver con los intereses que algunos dirigentes socialistas tienen”. Se refería a que el por entonces secretario de Política Ambiental del PSOE local, había trabajado como capataz para el contratista que iba a edificar la mayoría de las viviendas en la zona recalificada. Trigo denunció el asunto en Ferráz, sin obtener respuesta alguna.

Aquel PGOU del Partido Popular aprobado en pleno, suponía la recalificación de 60.000 metros cuadrados de suelo rústico y la creación de un nuevo polígono comercial, de ahí que fuese en principio rechazado por la Comunidad de Madrid al ponerle ciertos límites. Subsanados los mismos, posteriormente fue aprobado.

Pero retrotrayéndonos aún más atrás, el Plan General de Alpedrete también fue noticias en el año 2005, después de que fue denunciado el escándalo provocado por la existencia de una opción de compra de unos terrenos en la zona de Los Llanos, documento que había sido firmado ese mismo año por el concejal de Urbanismo del PP y propietario de dichos terrenos, Tomás Carrión Guillén y el constructor local, Lisardo Cortés. Este acuerdo estaba condicionado a la posterior recalificación (60.000 metros cuadrados de suelo rústico) en el Plan General. La empresa de Lisardo Cortés quebraría posteriormente y dichos terrenos que estaban previsto recalificar se quedaron en 6.000, en una franja situada al Sur del municipio junto a la A-6, y la vía del tren.

Pero lo más grave de este asunto fue que ese contrato de opción de compra firmado entre el concejal de Urbanismo del PP y el constructor se produjo el 1 de julio de 2005, seis meses antes de la exposición pública del PGOU, el 23 de diciembre de 2005. El contrato privado hacia referencia al Plan General que estaba en esas fechas empezando a elaborarse por el equipo redactor y el Ejecutivo presidido por entonces por Marisol Casado. La pregunta que le hizo Alpedrete Sostenible a la alcaldesa fue:¿Cómo sabía la empresa constructora qué terrenos iban a incluirse en el avance de PGOU? ¿Cómo supo la empresa que estos terrenos iban a recalificarse seis meses antes de ser expuesto públicamente?. No hacía falta respuesta. Todo el pueblo la conocía.

La alcaldesa, Marisol Casado y el por entonces edil de Urbanismo, defendieron el planeamiento con uñas y dientes argumentando que era necesario para el municipio al beneficiar el desarrollo del mismo. La oposición pidió su retirada para poder retirarlo “para adecuarlo a las necesidades reales del municipio y sus vecinos, no a las necesidades personales de unos pocos”.