El Hospital General de Villalba carece de accesos peatonales y tiene colapsado los dos aparcamientos
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Imagen de la constucción de algunos accesos al hospital |
viernes 22 de julio de 2016, 00:48h
Después de dos largos años sin accesos peatonales al Hospital General de Villalba y con dos aparcamientos públicos (uno subterráneo y el otro en superficie) en los que, desde primeras horas de la mañana es imposible encontrar una plaza de estacionamiento, en el pleno municipal celebrado la semana pasada, los grupos de la oposición pidieron al Ejecutivo que se pusieran en marcha las obras del acceso peatonal que está previsto construir entre la Urbanización La Chopera y este centro hospitalario, un proyecto que contempla, además de un vial de unos 500 metros de largo y un pequeño puente para superar el arroyo de La Poveda. Vías Pecuarias parece haber dado el visto bueno a esta obra, pero ahora el problema está en saber quién la va a financiar. El presupuesto inicial, según fuentes municipales, ronda el medio millón de euros que serán destinados a la pavimentación del mismo y al alumbrado ya que el mismo será utilizado por un elevado número de ciudadanos residentes en las urbanizaciones próximas y en el casco urbano de Villalba-Pueblo.
Lo increíble es que los autores del proyecto de este hospital, dada su ubicación, se hubiesen olvidado de dotarlo de los accesos , entre ellos los peatonales, limitando esta labor a los coches particulares y a los autobuses urbanos e interurbanos, un ‘cascabel’ que ahora nadie quiere hacer suyo, aunque su ‘tintineo’ sea técnico, político e incluso vecinal porque, mientras a unos el ‘ruido’ de las protestas les incomoda, a otros les indigna. Y así, entre promesas y buenas palabras, el tiempo ha ido pasando y el problema se ha ido acrecentándose, mientras los presuntos responsables se pasaban la pelota. La última en hacerlo, fue la alcaldesa, Mariola Vargas que, después de muchas promesas, la semana pasada optó por pasarle esta ‘patata caliente’ al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martin, justificándolo así: “esta es la única herramienta que nos queda”.
Aparcamiento público
El segundo problema y no menos grave, es el del aparcamiento exterior del propio hospital, todos los días colapsado a partir de la ocho de la mañana, tanto el de superficie como el subterráneo, y sin alternativa alguna para encontrar plaza en un entorno semiprotegido medioambientalmente y carente de accesos. Pero si ir en coche particular al hospital es una quimera, hacerlo en autobús -la segunda opción-, supone para los villalbinos la pérdida de horas en el viaje, mientras los vecinos de otros municipios de la Sierra, se ven condenador a perder toda la mañana. E imagínense el problema que generan estos viajes para aquellas personas (y son muchas), que tienen una movilidad física reducida.
Entre los muchos comentarios que hay al respecto, cada día hay más rumores que vinculan esta precariedad con un supuesto proyecto que pasaría por la construcción de un parking privado en los aledaños del hospital (hoy toda esta zona está protegida) algo que, al margen de los citados problemas medioambientales, resultaría una mala noticia y una peor solución si se tiene en cuenta que en la Comunidad de Madrid el coste de la hora del estacionamiento en este tipo de aparcamientos privados, oscila entre los 3,50 euros y los 4,14 euros/ hora, al menos esa es la tarifa vigente actualmente en los aparcamientos del Gregorio Marañón o el Hospital San Carlos. Además, supondría un gasto añadido para aquellos que tienen que acudir a consulta médica y tienen muy pocos recursos económicos.
Evidentemente todos estos problemas no existirían si el Hospital General de Villalba, como la mayoría de los villalbinos pidieron en su momento, estuviera ubicado en los terrenos municipales de ‘Caño de la Fragua’, junto a la ITV, zona con fácil acceso a la estación de ferrocarril y a la A-6, pero esa finca la había ‘reservado’ el gobierno socialista presidido por José Pablo González, para la construcción de un megacentro comercial, un destino que cinco años más tarde, el Tribunal Supremo acaba de desautorizar.