Cambiemos Villalba denuncia a la alcaldesa de Collado Villalba en el cuartel de la Guardia Civil

En un intento de judicializar la vida política, Cambiemos Villalba denunció el pasado jueves, 30 de junio, en el Cuartel de la Guardia Civil de este municipio al Ejecutivo popular que preside Mariola Vargas, por entender que el Ayuntamiento estaba incumpliendo la legislación sobre Patrimonio Histórico.

El origen de esta denuncia no es otro que el hecho de que la alcaldía hubiese retirado del pleno ordinario del jueves una pregunta realizada por este grupo municipal, en relación a las medidas puestas en macha por el Consistorio local respecto a la conservación del Patrimonio Histórico de Collado Villalba. Mariola Vargas expuso que esta misma pegunta fue realizada en la sesión plenaria correspondiente al mes de abril pasado “y el reglamento de Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba recoge que las preguntas podrán no ser admitidas si, como en el caso que nos ocupa, “estas fueran reiterativas de otra pregunta de respuesta oral sustanciada durante el mismo año natural”
Cambiemos entendió que estaba en su derecho presentar esa pregunta al no haber recibido previamente notificación por escrito para la retirada de la misma. Inmediatamente después el portavoz de este grupo se dirigió al Cuartel de la Guardia Civil donde presentó una denuncia contra la alcaldesa y su Equipo de gobierno por entender que este “estaba manipulando la normativa relacionada con el Patrimonio Histórico de este municipio”
Esta actuación es calcada a la protagonizada hace apenas un mes por la concejala portavoz de Cambiemos Galapagar, Raquel Almendros Alguacil, quien nada más finalizar el pleno se trasladó a las dependencias del cuartel de la Benemérita para presentar una denuncia contra el alcalde Daniel Pérez en la que le acusaba de haber vulnerado el derecho a la participación en los plenos al negarse a realizar la votación de una moción urgente presentada por su partido en sesión plenaria.

La similitud de ambos casos pone en evidencia la intención de este grupo político, dependiente de Podemos, de judicializar la política local. Si no fuera así, sin tanto espectáculo mediático por medio, lo lógico y normal sería que Cambiemos Villalba presentara un recurso ordinario y si el dictamen de este no les fuera favorable, podría acudir a los tribunales ordinarios de justicia denunciando a los citados alcaldes por una presunta dejación de funciones o de otros ilícitos penales que consideraran pertinentes. Pero no lo han hecho al saber que por esta vía, que es la más habitual, el recorrido de la misma podría ser mucho más corto y carecería del impacto mediático de la denuncia en el Cuartel de la Civil, pues a tenor de las explicaciones dadas por ambos alcaldes, no se ha cometido ningún tipo de delito.

Patrimonio Histórico
En cuanto a la denuncia presentada por Cambiemos Villalba, es conveniente recordar que el citado Catálogo data de septiembre de 2001, fecha en la que también fue aprobado el PGOU de este municipio, constituyendo un instrumento que teóricamente garantiza el seguimiento y la tutela de las futuras intervenciones por parte del Ayuntamiento o de los organismos que tienen confiada esta responsabilidad con los siguientes fines: A).- Detener el proceso de degradación y deterioro que generaría la demolición prematura de elementos y edificios que por su calidad arquitectónica o ambiental configuran la esencia de la morfología urbana más valiosa. B).- Defender los usos que justifican funcionalmente la conservación de patrimonio urbano en que se ubican. C).- Defender la conservación de los elementos y edificios más característicos del estilo arquitectónico del municipio, para mantener viva la esencia tradicional del mismo. Pues bien, en estos más de 15 años de vigencia de dicho catálogo, ningún Ejecutivo villalbino, ni del PSOE ni del PP, dedicó ni el más mínimo esfuerzo por velar por su mantenimiento. Ejemplo: el gobierno socialista presidido por José Pablo González, a cambio de una ‘módica’ multa, permitió que fuera derribado con nocturnidad y alevosía el edificio de la antigua Carbonería, sita en la calle Real, concediendo meses más tarde a su propietario la licencia de obra pertinentes para que pudiera construir en dicho solar un edificio de viviendas de tres alturas.