Arroyo Arriba: una recalificación por ‘decreto’

Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del [hasta no hace poco tiempo] vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y ex alto cargo del PP (Secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los gobiernos de José María Aznar, según el diario El País (31 de enero de 2009), consiguió la recalificación de 23 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía que en 1997 dijo que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una ‘especial protección ecológica’. Martín, supuestamente, recurrió al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón. “Me pidió que le recalificara sus terrenos”, denunció este en la Cadena Ser. El se negó porque “era ilegal”. Esto sucedió entre 1995 y 1996.

Finalmente logró la recalificación en el año 2001 con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Pedro Antonio Martín Marín es amigo de Ignacio González y le acompañaba en el viaje a Johannesburgo, donde fue espiado [asunto aún pendiente de resolución judicial] por unos detectives.

González, según El País, se desvinculó de la petición ilegal de recalificación de Martín Marín a Ortiz. “Es evidente que yo conozco a Pedro Antonio Martín Marín pero, subrayó, si alguien quiere insinuar que aquí hay algún tipo de connivencia para una recalificación de hace 14 años, eso es claramente una tergiversación”, respondió González a la pregunta que un periodista le hizo tras la firma de un convenio en Collado Villalba, entre el Canal Isabel II y el Ayuntamiento.

613 viviendas en 11,9 hectáreas
Pedro Antonio Martín Marín siguió la gestión de recalificación de las 11,9 hectáreas en 1995, junto a los otros cuatro propietarios de la zona de Arroyo Arriba, entre ellos, la concejala del PP de este municipio, Esperanza Seoane y pidió de nuevo al Ayuntamiento que cambiara el uso de la finca, pese a que estos terrenos pegados al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estaban protegidos, igual que la cuenca del río, puesto que las Normas Subsidiarias de 1986, que ordenaba el territorio (a falta de un Plan General) sólo distinguía entre suelo protegido y suelo urbanizable.

El gobierno municipal del PP consideró que como el terreno lindaba por el sur con una urbanización, podría reclasificarse, y que, además, eso convenía a las necesidades de crecimiento del municipio. En consecuencia el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó en octubre de 1995 un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo unifamiliar (pisos de tres plantas) en la zona.

En esta primera gestión, y en todas las posteriores, el PP y el PSOE se aliaron para aprobar la recalificación y se encontraron de frente tanto a IU como a Ecologistas en Acción. El proyecto se discutió en cuatro ocasiones en pleno, entre los años 1995 y 1997, y acabó en 114 viviendas, en lugar de las 613 iniciales. En este intervalo, Martín Marín acudió supuestamente a Ortiz y le pidió que autorizara la recalificación, que necesitaba la aprobación de la Comisión de Urbanismo regional. Ortiz, según la Cadena SER, se negó.

En el año 1997 se discutió por última vez en pleno el cambio de uso del suelo. La recalificación estaba casi acabada, pero entró en juego la fiscalía. Tras examinar las denuncias presentadas por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, dijo que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad de Madrid que la finca que pretendía hacer urbanizable tenía una catalogación de ‘especial protección ecológica’. El alcalde entonces, José Luis Peñalvo (PP) lo negó. Y replicó que un informe de Medio Ambiente aseguraba que “los valores ecológicos de Arroyo Arriba estaban notablemente deteriorados”. El que era por entonces consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que después de la revelación de la fiscalía, la recalificación estaba denegada.

Y el PGOU resolvió el entuerto
Pero no fue así, porque esos terrenos fueron finalmente recalificados como residencial urbanizables. El alcalde socialista, José Pablo González Durán, aprobó en el año 2001 el PGOU donde se recogió el cambio de uso de estos terrenos. La Comunidad de Madrid no se pronunció sobre la recalificación y dio luz verde al Plan General de Collado Villalba. Sobre este asunto, meses más tarde, José Pablo González dijo en El País que quizá Ortiz se confundió al hablar de este tema, con un solar de Galapagar, también propiedad de Pedro Antonio Martín Marín, lo que Ortiz negó: “El suelo que Pedro Antonio quería recalificar y al final se recalificó, era el de Collado Villalba”.

Este ‘culebrón’ urbanístico se saldo con al menos una ‘víctima’ política, la del por entonces alcalde villalbino, José Luis Peñalvo Giraldo que, aunque en un principio defendió la recalificación de estos terrenos, posteriormente se negó a aceptar el número de viviendas exigidas sus propietarios. Esto hizo que la cúpula del PP le retirara su apoyo para encabezar de nuevo la candidatura a la alcaldía villalbina en las ya inminentes elecciones. Sobre ello, Peñalvo manifestó a El Faro del Guadarrama “Génova quiere un alcalde de paja que favorezca los intereses inmobiliarios de sus altos cargos”. La por entonces Concejala de Cultura, Carmen Rodríguez, que posteriormente fue la elegida para sustituir a Peñalvo como cabeza de lista, intentó desacreditar a su compañero diciendo: “Me parece lamentable y duro que el actual alcalde lance acusaciones sin tener ninguna prueba”.

Aún así, la recalificación de Arroyo Arriba continuó paralizada, el PP, liderado por Rodríguez, perdió las elecciones por ‘goleada’ y Peñalvo se retiró de la política. Su sucesor en el cargo, José Pablo González Durán (PSOE), ‘solucionaría el problema’ aprobando el PGOU, lo que permitió recalificar este paraje natural, y otros (La Huerta entre ellos), lo que meses después provocó una manifestación en Collado Villalba en la que participaron 30 colectivos bajo el lema “Salvemos la Sierra”.