Los Tribunales de Justicia tuvieron que intervenir de manera continua en Galapagar en plena burbuja inmobiliaria

Desde que a finales del siglo pasado, la Audiencia Provincial de Madrid condenase a Fernández Rubio y a Eugenio de De Pablo, por entonces alcalde y teniente de Alcalde de Galapagar (PP), por autorizar en la Comisión de Gobierno celebrada el 26 de septiembre de 1988 una licencia de construcción para 13 viviendas unifamiliares de cuatro alturas, cuando la normativa sólo permitía dos.

Las irregularidades cometidas en el desempeño de sus cargos por parte de algunos responsables políticos de este Consistorio, algunas de ellas están reflejadas en este reportaje, han sido el origen de muchas de las sentencias judiciales que tanto han perjudicado el buen nombre de este municipio al perjudicar el desarrollo urbanístico y económico de uno de los términos municipales más grandes de la Sierra del Guadarrama, convirtiéndolo en protagonista de excepción de la crónica negra del urbanismo de esta comarca.

El alcalde más breve (diez días)
La lucha por el control político del Ayuntamiento llegó a tal extremo que tras las elecciones municipales celebradas en 1995 y dado el enfrentamiento existente entre los dirigentes del PP local, PSOE e Independientes, estos últimos liderados por Manuel Cabrera y Victoriano Martínez Greciano, en el pleno de investidura convocado para la elección del nuevo alcalde y ante la sorpresa de todos los vecinos apoyaron la investidura, pese a contar con sólo dos actas de concejal, de Félix García (IU), que sólo aguantó diez días en el cargo (el más breve de la historia de este municipio). Le hicieron de tal forma la vida imposible que tuvo que dimitir. García “el breve”, como llegaron a calificarle sus paisanos, denunció la presión a que le fue sometido por los dirigentes locales del PP,PSOE e independientes “quienes hicieron todo lo posible y hasta imposible para que no siguiera al frente de la alcaldía. Para ello antepusieron sin sonrojo alguno sus propios intereses inmobiliarios y económicos a los del pueblo, Así era imposible gobernar”. El ex regidor fue sustituido tras un pacto entre los tres grupos mayoritarios, por Eugenio de Pablo, pese a que contra él ya pesaban entonces varias sentencias condenatorias.

El tándem Fdez. Rubio-De Pablo
Durante esta legislatura, tiene lugar otra actuación urbanística irregular, ahora relacionada con la construcción de 35 chalets adosados. Sobre este caso ya existía una sentencia del Tribunal Supremo que en 1991le había dado la razón a ciudadanos al ratificar que dicha licencia había caducado desde el momento en el que la Comisión de Gobierno otorgó una segunda prórroga, también ilegal. El alto tribunal ratificó el fallo en noviembre de 1999, pese a que sobre los chalets construidos ya existiera una orden de derribo que el propio Consistorio había paralizado hasta que, presuntamente, se aclarase la forma de hacerlo. Dado que muchas de estas viviendas estaban ya ocupadas por sus compradores de buena fe, la orden no fue ejecutada, aunque esto no impidió que la Audiencia Provincial de Madrid condenase por irregularidades cometidas al por entonces arquitecto municipal, Luis Rodríguez Gálvez, por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público, imponiéndole una pena de tres años de prisión y una multa de 180.000 pesetas e inhabilitándole para ejercer su profesión durante diez años. También fue condenado el aparejador municipal, Vicente Berrueco, por un delito de negociación y actividad prohibidas a los funcionarios por realizar actuaciones profesionales como aparejador en distintas obras privadas.

Navasierra y Navaparque
A finales del siglo pasado, en pleno auge de la construcción, el Ayuntamiento concedió a la promotora Navasierra S.A. una licencia para construir 13 viviendas unifamiliares en la calle del Río (La Navata). La sentencia judicial posterior considera probado que tanto el alcalde Fernández Rubio como el teniente alcalde De Pablo, permitieron que prosiguieran las obras pese a saber que los proyectos contemplaban la construcción de de unas viviendas que no se adecuaban a la normativa urbanística vigente por entonces, desoyendo con ello el dictamen de un informe emitido por los técnicos de la Comunidad de Madrid, donde ponían de manifiesto que la edificación vulneraba el tope permitido de dos alturas. Otra operación fraudulenta fue la de Navaparque S.A. En esta ocasión la Comisión de Gobierno local concedía el 20 de septiembre de 1998, una licencia de obra para una promoción de 35 viviendas adosadas, sitas en las calles Acequia Puchero y Colada del Charco de la Hoya, también en La Navata. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid afirma que “en este caso resulta aún más patente, si cabe, la arbitrariedad en la que incurrieron una vez más los ediles Rubio, De Pablo y el arquitecto Rodríguez Gálvez “
Pero la cosa no termina ahí, porque el17 de noviembre de 1995, el Tribunal Superior de Justicia había anulado también la licencia de construcción concedida a la empresa coparticipada por la primera autoridad local, Eugenio de Pablo y el ya ex regidor, Luis Fernández Rubio, por la licencia otorgada el 3 de diciembre de 1988 para la construcción de cinco naves industriales propiedad de la empresa CEYCESA. De Pablo, por entonces, formaba parte de la Comisión de Gobierno que concedió dicha licencia y lo hizo pese a pertenecer al Consejo de Administración de la adjudicataria, mientras el alcalde, Fernández Rubio, era el presidente de CEYCESA.

Los portavoces de los dos grupos más importantes de la oposición, Victoriano Martínez (Grupo Independiente de Galapagar ‘CYU’) y Manuel Cabrera (PSOE), señalaron que esta licencia se había otorgado solo unas horas antes de la entrada en vigor de una subida del cien por cien de las de las nuevas tasas municipales. “De Pablo y Rubio -señalaron-, se han librado así de pagar las nuevas tasas, cuyo diferencial ascendía a 450.000 pesetas
Y Fuente Elvira puso la guinda
La guinda a tanto despropósito urbanístico vivido en Galapagar durante la última década del pasado siglo, la puso Fuente Elvira, una urbanización de lujo, ahora reducida casi a escombros. Los más de 60 chalets construidos o semi-construidos, siguen a medio acabar, sin agua, ni luz y rodeados de escombros. Sus actuales ‘vecinos’ se han convertido en habitantes de un barrio fantasma donde habitan chalets de dos pisos, más ático, con vistas inmejorables y, algunos, hasta con piscina individual. Son los ‘okupas’ de unas viviendas de lujo que manifiestan estar ahí porque no tienen donde vivir. La urbanización Fuente Elvira, tras casi diez años sumida en el más absoluto abandono, sigue a medio construir y ‘okupada’ en parte de manera ilegal. “Las casas, dice uno de sus moradores ilegales, no están habilitadas para vivir y nos tenemos que adaptar a la situación como podemos. Si yo pudiera pagarme algo, no estaría aquí”. Las viviendas dependen de varias entidades bancarias que hasta ahora no han dado señales de vida. Las aseguradoras, tras varios años de litigios, devolvieron el dinero pagado a la constructora por los 45 compradores iniciales. Y los vecinos de Galapagar y Colmenarejo residentes cerca de este cementerio de ladrillos, aseguran que se ha llegado a esta situación por la dejación de los promotores, entidades bancarias y el propio Ayuntamiento de Galapagar en connivencia con el de Colmenarejo. Obviamente el estallido de la burbuja inmobiliaria también ayudó.

Uno de los primeros ‘okupas’ de esta urbanización es un marroquí, antiguo vigilante de estas obras, quien lleva más de doce años habitando un chalet, concretamente desde que la empresa dejó de pagarle su salario. Su vecino, también de la misma nacionalidad, dice que el pillaje ha arrasado la urbanización. Los que aún residen aquí carecen de agua, luz y en invierno pasan mucho frío, teniendo que acarrear el agua desde una fuente cercana para beber. En invierno, intentan acumular el agua de lluvia en unos rudimentarios contenedores para lavarse y ducharse. Las calles están repletas de escombros, alcantarillas sin tapas, cristales rotos y basura, mucha basura.

De estas edificaciones, las que mejor se conservan son las de la entrada de la urbanización, porque cuando las empresas constructoras se marcharon algunas estaban casi terminadas. Calle abajo el panorama empeora de forma ostensible por la presencia de numerosos esqueletos de hormigón.

Según hemos podido comprobar el problema de esta malograda urbanización comienza tras el acuerdo (octubre de 1994) firmado entre el Ayuntamiento de Galapagar y la empresa MBQ, que cedía a este municipio la finca conocida como Dehesa Vieja, cuya superficie era de 409.604 metros cuadrados a cambio de que le calificaran 50.000 metros como suelo urbano. A su vez el Ayuntamiento daba 64.450 metros de terreno municipal a MBQ en Fuente Elvira. El convenio fijaba un plazo de seis meses para tramitar la modificación de las Normas Subsidiarias del municipio. El número máximo de viviendas a construir era de 95 chalets de tipología aislada, pareada y adosada. Pero en el año 1995, la Comunidad de Madrid aplaza la modificación de las Normas Subsidiarias al detectarse algunas deficiencias, entre ellas que no estaba resuelto el enganche al colector situado en el término municipal, de Colmenarejo. Siete años después el gobierno regional da el visto bueno a la recalificación de esos terrenos valorados en cuatro millones de euros, presentándose los proyectos de urbanización y compensación que el arquitecto municipal informa favorablemente, pero advirtiendo que las licencias de primera ocupación quedan condicionadas a que se resolviera la depuración de los vertidos y que tanto este servicio como los de agua y alumbrado los tendría que gestionar la propiedad
Los proyectos fueron recurridos en diciembre de 2006 y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los declaró nulos debido a que se habían modificado las zonas verdes y se habían detectado cambios de usos en las parcelas y en el viario. En este periodo de tiempo, los chalets ya se estaban edificando pues el Ayuntamiento había concedido la licencia de construcción en diciembre de 2003. Incluso algunas personas habían algunos comprado. Paralizada la obra y tras varias denuncias, la aseguradora entregó entre los años 2007 y 2008 a los 45 afectados el dinero que habían anticipado por la compra de las viviendas Posteriormente los promotores reclamaron al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que les había causado esta paralización. La última sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 31 de Madrid, lleva fecha de 1 octubre de 2013 y en ella se exime al Ayuntamiento de Galapagar de la responsabilidad que le reclamaba la promotora Villa 2001 S.L. por un importe superior a los 21 millones de euros porque este tribunal considera que la situación creada podría revertir presentando nuevos proyectos que subsanen las deficiencias anteriores.