UNPA exige que se investigue la privatización del polideportivo

Esta moción, indica el grupo independiente, está basada en el informe definitivo de fiscalización emitido por el citado organismo sobre los contratos realizados en el ejercicio 2012. Según UNPA, la Cámara concluye que tanto la tramitación como la adjudicación del contrato de privatización de la ciudad deportiva de Alpedrete.

El pliego del contrato, explica este grupo, determinó unos exigentes requisitos mínimos de solvencia económica (volumen global de negocios de al menos 600.000 euros cada año de los tres últimos o una cifra equivalente desde la fecha de constitución de la empresa) y de solvencia técnica. Al concurso sólo se presentó una empresa, cuya documentación fue considerada suficiente por la mesa de contratación, por lo que fue admitida a licitación y resultó adjudicataria.

A continuación, esta sociedad fue requerida para que presentase la documentación justificativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como de haber constituido la garantía definitiva correspondiente.

Acreditación de solvencia
Es aquí donde UNPA señala que, aunque la mesa había aceptado la acreditación de la solvencia que la empresa presentó, a ésta le fueron denegados los certificados acreditativos del cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, ya que no figuraba inscrita como tal ni constaba de alta en el censo de empresarios a efectos del IAE.

Solicitada aclaración al titular de la empresa adjudicataria, explican desde el grupo independiente, éste afirmó que hasta la fecha la empresa no había realizado actividad alguna ni tenía contratado a nadie, por lo que no podía tener deudas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

Además, requerido por el Ayuntamiento a que presentase la “documentación acreditativa de disponer de los medios que se hubiese comprometido a incorporar a la ejecución del contrato”, se limitó a presentar una declaración de que disponía de dichos medios “económicos, técnicos y humanos”, aunque el mismo día había certificado que “la empresa no ha contratado personal hasta la fecha”.

Garantía por retención
En cuanto a la garantía definitiva (que se cifró en 132.775 euros), UNPA afirma que el adjudicatario solicitó que “se constituya mediante retención en el precio”, es decir, sin que supusiese ningún desembolso para la empresa. Este grupo asegura que, según la normativa vigente, esta posibilidad sólo es admisible cuando el pliego lo contemple expresamente, algo que no ocurría en este caso. Sin embargo, el órgano de contratación accedió a lo solicitado por el empresario.

Atendiendo a estos hechos, Unión del Pueblo de Alpedrete afirma que pedirá “la creación de una comisión de investigación que permita aclarar y depurar las responsabilidades, tanto políticas como administrativas, técnicas o de cualquier otra índole, derivadas de la tramitación y adjudicación del contrato de privatización de la ciudad deportiva”.