El Ayuntamiento media para evitar los desahucios en Los Valles

De igual forma, aseguró que se está llegando a un “acuerdo para que los contratos de alquiler que vencen en el mes marzo se prorroguen por un periodo de un año en las mismas condiciones establecidas en su día por el IVIMA”.

Mariola Vargas ha explicado que se está estudiando de manera individualizada, a través de los trabajadores de los Servicios Sociales, la situación de cada una de las familias. Así, se ha llegado a varios compromisos, con propuestas en algunos casos de una rebaja del precio del alquiler; en otros, la solicitud de reubicación en otras viviendas sociales, o, como ya ha sucedido, la condonación de la deuda contraída, a través de un acuerdo entre propietarios e inquilinos.

Finalmente, la regidora ha asegurado que el “Ayuntamiento de Collado Villalba desde un principio ha tenido una gran compromiso, sensibilidad y atención sobre la situación de las familias afectadas, y se están logrando alternativas y consiguiendo soluciones”.

Actualmente existen 19 viviendas de alquiler en Los Valles, de las que 10 están al corriente de pago.

Hay que recordar que los inquilinos de las viviendas sociales ubicadas en la zona de Los Valles se despertaron el 7 de junio de 2013 con la noticia publicada por el BOCM que anunciaba la enajenación de 32 promociones del IVIMA (2.939 viviendas en arrendamiento con opción a compra, de ellas 44 ubicadas en Los Valles), todas ellas pertenecientes hasta entonces al Instituto de la Vivienda de Madrid, tras ser compradas por el grupo inversor Azora-Goldman Sachs por 201 millones de euros.

Estos pisos se construyeron, así lo anunció en su momento la Comunidad de Madrid, con el fin de facilitar el derecho a la vivienda a jóvenes menores de 35 años y familias sin recursos, de ahí que su función inicial fuera totalmente social, estatus que ahora parecen haber perdido tras el cambio de ‘casero’. Tanto es así que aquellos que tras cumplir el plazo fijado de su contrato de alquiler deseen ejercer el derecho a compra de su piso, deberán pagar el 8% del Impuesto de Transmisiones.

De no hacerlo por carecer de medios económicos, perderán todos los derechos que tienen sobre su vivienda, viéndose obligados a abandonarla vía desahucio. Desaparece pues la posibilidad de la prórroga del contrato de arrendamiento.

Tras conocerse esta situación, numerosos colectivos ciudadanos y partidos políticos se han manifestado en contra de la nueva situación en la que deja a los inquilinos de estas casas de protección oficinal.

Ahora, con esta mediación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento los vecinos están aún expectantes por lo que pueda ocurrir en los próximos meses.