El Ejecutivo asegura en un informe que no se ha pagado a ninguna de las 154 empresas investigadas
martes 09 de diciembre de 2014, 12:51h
Durante la sesión plenaria celebrada el pasado jueves, 27 de noviembre, se dio a conocer un informe elaborado por la tesorera municipal en el que se aseguraba que el Ayuntamiento de Collado Villalba no ha tenido relación alguna con 151 empresas de las 154 investigadas por el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica, que el pasado mes de octubre se saldó con la detención de 51 personas, entre ellas el ex alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, por su supuesta implicación en el pago de comisiones a políticos a cambio de adjudicaciones a la empresa de eficiencia energética Cofely.
Además, en dicho informe, se aseguraba que sólo tres de las sociedades investigadas constaban en el fichero de proveedores del Ayuntamiento: Cofely, DHO Construcciones - Grupo DICO- y Waiter Music. Las dos últimas prestaron sus servicios en anteriores legislaturas, cuando gobernaba el PSOE.
También se explicaba que la principal empresa implicada en la Operación Púnica, Cofely España, sí aparece en la contabilidad del Ayuntamiento de Collado Villalba, pero que no se le ha pagado ninguna de las facturas presentadas.
Este informe fue hecho público por el primer teniente de alcalde y portavoz del PP, José Flores, en un pleno que prácticamente en su totalidad se habló de corrupción, transparencia y sobre la Comisión de Investigación para analizar la adjudicación del contrato de eficiencia energética.
Flores explicó que se le había solicitado este informe a la tesorera sobre el periodo en el que el PP ha estado al frente de la Alcaldía de Collado Villalba, es decir desde el 2011 hasta la actualidad. “Durante este tiempo sólo se han realizado tres pagos a una de las empresas investigadas por la Audiencia Nacional, y han sido por obras adjudicadas y realizadas en anteriores legislaturas, cuando gobernaba el Partido Socialista”, señaló el concejal.
Se trata del abono de tres certificaciones a DHO Construcciones (Grupo DICO) por los trabajos en la Ciudad Deportiva, concretamente por las obras de las piscinas y el balneario municipal; y otra por la primera parte de la construcción del edificio de la Policía, que más tarde quedó paralizada por la quiebra de dicha empresa.
Respecto a Waiter Music, se dictaminó que sí existen movimientos contables, pero todos ellos anteriores a 2011, sin especificar los pagos.
Comisión de Investigación
Además, durante la sesión plenaria se habló sobre el contrato de eficiencia energética y la Comisión de Investigación, que está formada por miembros de todos los grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE, IU y UPyD), más los dos tránsfugas del PSOE -Rosana Crespo y Luis García, si bien éste último no acude a las reuniones-.
Durante el debate, la oposición echó en cara al Gobierno cierta opacidad en el transcurso de la mesa, algo que negó el propio José Flores, quien explicó que se habían tenido en cuenta las peticiones de los políticos, llegando al punto de que la presidencia la ostenta un miembro de la oposición.
Una moción contra la corrupción
El Pleno de Collado Villalba aprobó por unanimidad una moción presentada por UPyD que aboga por recuperar el papel efectivo de las instituciones de control de la gestión política.
El texto reclama reforzar las auditorías del Estado sobre el resto de las Administraciones Públicas, además de despolitizar y profesionalizar los Tribunales de Cuentas, así como la creación de una Oficina Anticorrupción que pueda revisar actuaciones del Estado y de los ayuntamientos.
Además, en la moción se asegura que el castigo a la corrupción nunca será del todo ejemplarizante si no incluye la devolución del dinero malversado. En este sentido, se solicita que se revisen las normas reguladoras de la responsabilidad civil, para que la habitual maraña de allegados o testaferros no impida que los ciudadanos recuperen el dinero implicado en estas corruptelas.
En el capítulo judicial, la moción también solicita que sea la Audiencia Nacional la que instruya todos los casos de corrupción política, y que lo haga de forma preferente.