El ex alcalde escurialense Javier de Miguel gastó 172.700 euros con una de las ‘tarjetas negras’ de Caja Madrid

Tras dejar el cargo como consejero de Caja Madrid, el Gobierno aprobó el nombramiento de Javier de Miguel como gerente de la empresa pública TRAGSA, dependiente de la SEPI. Por el momento, y al contrario de lo que ha ocurrido con otros ex consejeros del PP que ocupaban distintos cargos en empresas privadas o entes públicos, De Miguel no ha renunciado a su puesto.

Según la documentación que se ha hecho pública los últimos días en el marco de las investigaciones judiciales por el caso Bankia, el que fuera regidor escurialense gastó con la citada tarjeta negra un total de 172.700 euros, con una media anual de 21.500 durante la etapa en que fue consejero. Además, De Miguel consiguió créditos y avales por valor de 4.193.000 euros en el año 2006, cuando ya no era alcalde de El Escorial, después de que en las elecciones municipales celebradas tres años antes saliese derrotado tras protagonizar una polémica legislatura, con momentos especialmente tensos debido al proyecto de desarrollo del Ensanche, que en aquel momento incluía la expropiación y demolición de numerosas viviendas de la zona. Cabe recordar por otra parte que en aquel Gobierno presidido por De Miguel se encontraba también Alfonso Bosch, entonces concejal de Urbanismo y que luego se convirtió en gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte, siendo imputado más tarde por el caso Gürtel.

Javier de Miguel fue nombrado consejero de Caja Madrid a propuesta del Partido Popular, mostrándose próximo a Alberto Ruiz Gallardón y también firme defensor de la gestión de Miguel Blesa al frente de la entidad.

Pugna de poder
De hecho, hace cinco años la figura del ex alcalde escurialense ya protagonizó un polémico episodio en relación a la pugna de poder en Caja Madrid. El diario El País publicaba el 20 de enero de 2009 una información en la que indicaba que De Miguel recibió un mensaje de un compañero de partido (Cándido Cerón) el día antes de celebrarse la votación en la que se iba a plantear la destitución del secretario de esta entidad de ahorro, el aguirrista Pablo Abejas (director general de Economía hasta hace unos días, cuando fue cesado por el presidente regional, Ignacio González, tras estallar el escándalo de las tarjetas). En él, Cerón le decía vía sms lo siguiente: “Javier, me gustaría hablar contigo. En todo caso que sepas que Economía quiere ofrecerte un cargo compatible con la caja”. Este mensaje venía a confirmar que los afines a Esperanza Aguirre le habían invitado a votar en contra de la propuesta del tándem formado entonces por Ruiz Gallardón-Blesa.
“Hablamos y le dije que en Economía podría haber puestos de su perfil. Javier es una persona del partido y claro... Pero no tenía ninguna intención de influir. Nadie de la Comunidad me ha dicho que le ofreciera nada. Ha tenido una situación difícil en el partido y hablé con él sobre lo que está pasando”, explicaba entonces Cándido Cerón en declaraciones recogidas por El País.

Este episodio da cuenta de la guerra por el poder de Caja Madrid unos años antes de que la entidad se convirtiera en Bankia y finalmente tuviese que ser rescatada por el Estado para evitar la quiebra, recibiendo ayudas públicas por un total de 22.000 millones de euros. Precisamente ha sido esta semana cuando el juez Andreu ha abierto una pieza separada para investigar los hechos relacionados con el uso de las tarjetas que fueron entregadas a los directivos de la entidad y cuyos gastos presuntamente no fueron declarados a Hacienda ni se correspondían con funciones de representación. Por el momento, el magistrado de la Audiencia Nacional ha imputado a Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director general de la caja, Ildefonso Sánchez, quienes tendrán que declarar el próximo jueves 16.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, los 86 consejeros de Caja Madrid entre 2003 y 2012, entre los que está Javier de Miguel -quien formaba parte de la comisión de control-, gastaron 15,2 millones de euros. Este informe apunta que “la utilización de esas tarjetas no aparece conectada con los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales de los disponentes”, citando como ejemplos los cargos elevados por compras de alimentación, grandes superficies, ropa o retiradas de efectivo.