El pleno aprueba una declaración institucional condenando los anónimos contra la alcaldesa, la secretaria y la interventora

“Considerando las lógicas discrepancias políticas, podemos afirmar categóricamente que todos los procedimientos administrativos referentes a cualquier contratación se realizan cumpliendo escrupulosamente la legislación, con participación de la oposición en las mesas de contratación y con sometimiento a los controles externos que establece la ley.

Rechazamos enérgicamente este tipo de acusaciones calumniosas, amparadas en el anonimato, cuyo único objeto es desprestigiar a personas e instituciones y perturbar el normal funcionamiento del Ayuntamiento. Ante cualquier duda o indicio de irregularidades, cualquier persona puede realizar las denuncias que estime oportunas.

No tenemos ninguna duda de la honorabilidad de las personas acusadas, ni sobre la de cualquier funcionario de este Ayuntamiento, así como de que los procedimientos de contratación, sin perjuicio de las diferentes opiniones sobre su oportunidad, se ajustan a derecho y a la legalidad vigente.

La presente declaración se acuerda al objeto de emprender las acciones legales que correspondan y sin perjuicio de las medidas ya iniciadas tendentes a la identificación de los autores de los mencionados panfletos anónimos”.

En este contexto, Podemos de Alpedrete ha hecho público que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha detectado “diversas irregularidades” en la tramitación y adjudicación del contrato de gestión del polideportivo municipal. Por ello, con fecha 7 de abril de 2014, envió al Ayuntamiento el resultado de sus actuaciones para que realizara las alegaciones y aportara los documentos que considerase oportunos.

En concreto, el citado órgano señaló en su informe que en el Registro Mercantil se constata que una misma persona es apoderada de Coliseum Management S.L., consultora que elaboró el estudio económico-financiero para la gestión indirecta del polideportivo y ampliaciones, y ocupa cargos de administración y representación con el administrador único de Adip Proyecto Alpedrete S.L., empresa que obtuvo el contrato.

El pliego incluía requisitos de solvencia económica y técnica (600.000 € y 300.000 euros durante los tres últimos años) que, según las averiguaciones de la Cámara de Cuentas, la empresa adjudicataria no pudo acreditar, afirma Podemos. La mesa de contratación del Ayuntamiento pidió a la empresa la documentación que acreditase el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, pero no los obtuvo porque “no figuraba inscrita como tal en el sistema de Seguridad Social ni constaba de alta en el censo de empresarios a los efectos del IAE”. El titular de la empresa afirmó “que hasta la fecha no había realizado actividad alguna ni tenía contratado a nadie por lo que no podía tener deudas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria”.

Alegaciones
En su escrito de alegaciones, el Consistorio afirma que “la tramitación del expediente sólo exige la aprobación del gasto y la incorporación de la factura, por lo que no es preceptiva la realización de ninguna investigación en el Registro Mercantil al objeto de verificar si existe o no alguna relación con los licitadores; es más, en el momento de la elaboración del estudio económico es imposible determinar qué licitadores se van a presentar”.

El Ayuntamiento argumenta que la adjudicataria estaba obligada a asumir todo el personal municipal encargado del servicio del polideportivo, por lo cual resulta lógico que al ser una empresa de nueva creación no tuviera personal contratado antes de la adjudicación. En cuanto a la solvencia indica que estaba acreditada con la de las empresas del grupo al que pertenece Adip Proyecto Alpedrete S.L.

Irregularidades
Por otra parte, el edil del PSOE Arturo Trigo, que desde hace tiempo mantiene un abierto enfrentamiento con la línea oficial de la Agrupación Socialista en la localidad, señaló en la citada sesión plenaria que “está claro que cuando la Cámara de Cuentas dice lo que dice es porque existen esas irregularidades que se describen en el documento; esto significaría que efectivamente las cosas se han hecho mal y que hay que asumir responsabilidades políticas y, si llegara el caso, judiciales”. Afirmaciones que llevaron a la regidora, Marisol Casado (PP), a responder de forma tajante: “Ahora hasta puedo pensar que los panfletos los ha hecho usted. Se tiene la poca verguenza de que para dejar mal a la alcaldesa meten a dos funcionarias en una trama que ni de película. La realidad es que en todos los expedientes están los informes preceptivos y se han seguido los pasos que marca la ley”.