‘Urbaser’ aún no ha devuelto al Ayuntamiento el millón de euros que cobró de más

Esta anomalía en la facturación fue detectada por los servicios de Intervención del Ayuntamiento el 26 de diciembre de 2012, incoando de inmediato el correspondiente expediente en el cual se exigía a ‘Urbaser’ la devolución de los importes cobrados indebidamente entre los años 2005 y 2012. Notificada esta empresa en trámite de audiencia el 27 de febrero de 2013, con fecha 7 de marzo de ese mismo año y a través de su representante legal, Eduardo Núñez Fernández, aún reconociendo el “error aritmético” antes mencionado, manifiesta su oposición a la propuesta de reintegro solicitada por el Consistorio local y pide el archivo del procedimiento, pues aun admitiendo la existencia de un error de cálculo, indicaba que “ello conlleva una interpretación asimismo errónea de los derechos del contratista que forman parte del contenido de la relación contractual y que han sido reconocidos mediante actos administrativos firmes por parte de esta misma Administración desde el inicio de la misma en 1985”. Aún así, en el punto segundo del escrito de alegaciones, ‘Urbaser’ recurre al artículo 103.2 de la Ley 30/92, donde dice que “la determinación de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo”, dando a entender que, en el mejor de los casos y tras un largo litigio en los tribunales de lo contencioso administrativo, el Ayuntamiento perdería las cantidades pagadas de más entre los años 2005 y 2008, cuyo importe asciende a 383.854,46 euros. En cuanto al resto, hasta los 932.686,94 que reclama el Ayuntamiento, los responsables de ‘Urbaser’ sólo se comprometen a devolver esa cantidad en especie; es decir, mejorando la maquinaria utilizada en las tareas diarias de limpieza y recogida de basuras (contenedores, vehículos, etc.), algo que los responsables de este municipio califican como una verdadera tomadura de pelo.

Informes contradictorios
En relación con este asunto y a petición del alcalde, José María Moreno (PP), el interventor municipal, Carlos Jaramillo Martín, y el secretario general del Ayuntamiento, Santiago Perdices Rivero, emitieron en su momento dos informes un tanto contradictorios, porque si bien el primero dice en sus fundamentos de derecho que el artículo 77 de la Ley General Presupuestaria recoge que, además de la obligatoriedad del pago de intereses desde que se produzca el error material, aritmético o de hecho (en este caso en 2005), “el perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de oficio, la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos...”. Por otra parte, el secretario municipal, Santiago Perdices Rivero, en sus conclusiones finales y tras desestimar “parcialmente” las alegaciones de la citada empresa por considerar que la “rectificación del error material no está sometida a plazo alguno de prescripción, y en consecuencia debe rectificarse el precio del contrato de recogida de RSU y su facturación de acuerdo con el informe de la Intervención Municipal”, pero indicando en el segundo punto de sus conclusiones que “el derecho de la Administración a liquidar los ingresos por los pagos indebidamente realizados se limita a las cantidades correspondientes a cuatro años hacia atrás, desde la fecha de 27 de febrero de 2013, en que se interrumpe la prescripción mediante la notificación a Urbaser del inicio del procedimiento”. Es decir, que según el secretario general y en contra de la opinión del interventor municipal, el dinero pagado de más a ‘Urbaser’ por el Ayuntamiento en el periodo comprendido entre 2005 y 2008 es irrecuperable.

Por otro lado, el grupo municipal de Izquierda Unida, en el pleno celebrado el 9 de julio de 2013, y tras conocer dichos informes, calificó los hechos como muy graves, culpando de ello a los órganos de la Administración local por no ser capaces de detectar los citados errores durante tanto tiempo y por no defender los intereses de los vecinos de Moralzarzal.
¿Rescisión de contrato?
Aunque a día de hoy ni el alcalde, José María Moreno, ni ningún miembro de su Ejecutivo han dado explicaciones públicas sobre este asunto, según ha podido saber este periódico las relaciones entre el Ayuntamiento y ‘Urbaser’ no pasan por su mejor momento. Es más, a tenor de los informes jurídicos que ha ido solicitando el Equipo de Gobierno, es muy probable que caso de persistir la negativa por parte de la empresa adjudicataria del servicio recogida de basuras a devolver el millón de euros indebidamente cobrados a las arcas municipales, el Ejecutivo opte, en primer lugar, por rescindir el contrato a esta mercantil, y a continuación por poner el asunto en manos de los tribunales para que sean estos los que decidan al respecto. Una medida que sin duda sería muy bien recibida por los vecinos de Moralzarzal, que a fin de cuentas son los que han pagado de sus bolsillos no sólo esta tasa municipal, sino también los errores aritméticos o contables producidos durante una década.

Y lo que tampoco resulta fácil de entender, tal vez porque hasta ahora nadie ha dado explicaciones al respecto, es que las cuantías de dichas facturas aumentaran progresivamente los primeros cuatro años de la renovación del contrato con Urbaser: 76.431,67 euros (año 2005); 89.871,83 (2006); 92.966,03 (2007) y 99.473,12 (2008); mientras que en los cuatro siguientes, desde 2009 a 2012, su importe quedase fijado en 98.266,72 euros; a todo esto hemos de añadir el IVA correspondiente al incremento indebido en el cobro de las citadas facturas, cuyo importe asciende a 55.738,45 euros.