La juez archiva la denuncia presentada por el constructor del túnel contra el ex editor de ‘El Faro del Guadarrama’

Cronología de los hechos
En marzo de 2011, José Carlos Gómez Paredes, por entonces propietario de la empresa Cover Collado Inversiones, S.L.U., adjudicataria en UTE con Ortiz Construcciones de la obra del túnel-parking de Honorio Lozano, anunció en rueda de prensa que había presentado en los juzgados villalbinos dos querellas, con acto de conciliación previo, una contra el por entonces portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Agustín Juárez, y la segunda contra el también por entonces editor de El Faro del Guadarrama, Manuel J. Ortega Barreiro. Sin que se produjera acuerdo en ninguno de los actos de conciliación, al ratificarse los dos querellados en sus manifestaciones, la causa siguió adelante. La querella presentada por el propietario de Cover contra Agustín Juárez fue archivada en 2012 por la titular del Juzgado número 2 de esta localidad, acuerdo que posteriormente sería ratificado por la Audiencia Provincial de Madrid tras el recurso presentado por Gómez Paredes; mientras, la relacionada con el ex editor de este periódico ha continuado su tramitación hasta el pasado 19 de febrero, fecha en la que se acordó su archivo.

Como recordarán nuestros lectores, ambos procedimientos tienen su origen en el conocido ‘Caso Villalba’, considerado como el mayor escándalo político de nuestra comarca, y la querella criminal se fundamenta en las informaciones publicadas por el diario ABC y El Faro del Guadarrama a finales del año 2010, concretamente tras la publicación en ambos medios de las fotos relacionadas con la cena de Nochevieja en un hotel de Andorra, cuyos protagonistas eran el por entonces alcalde de esta localidad, José Pablo González Durán (PSOE), y los empresarios adjudicatarios de la obra más cara de la historia de este municipio, un hecho que desde el primer momento hizo pensar que este asunto acabaría en los tribunales, como así ha sucedido, sobre todo cuando días más tarde dichos periódicos publicaron otras fotografías donde aparecía el ex concejal de Urbanismo del Gobierno socialista, José Antonio Gómez Sierra con el propietario de Cover, en un hotel de lujo en Punta Cana.

Cabe recordar que las obras del túnel-parking de Honorio Lozano y Batalla de Bailén fueron adjudicadas por el Gobierno socialista a la UTE Cover-Ortiz en 20 millones de euros, si bien su coste acabó situándose por encima de los 40. Además se dilató el plazo de ejecución de este proyecto mucho más de lo previsto, sin que el Ejecutivo presidido por José Pablo González pidiese indemnización alguna por dicho retraso.

Siguiendo con la cronología de los hechos, el 28 de enero de 2011 el Ejecutivo socialista rechazó la petición de crear una comisión de investigación que previamente había solicitado el grupo municipal del PP, contando con el apoyo de IU y ADEI, para evitar responder a las 50 preguntas formuladas sobre el ‘Caso Villalba’. El asunto trascendió a los medios nacionales y hasta la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respaldó dicha investigación al afirmar que era necesaria para así poder depurar las responsabilidades que pudieran derivarse.

En mayo de 2011, el PSOE de Collado Villalba, nuevamente liderado por José Pablo González, concurrió a los comicios locales recibiendo un tremendo varapalo en las urnas. Su representación corporativa quedó reducida al 50% , pasando de 13 a 6 concejales. Las elecciones los ganó el PP con una amplia mayoría absoluta (14 ediles).

Un auto bien fundamentado
En cuanto a la querella interpuesta, cuyo objeto era la persecución penal de las opiniones vertidas por Manuel José Ortega Barreiro en nuestro periódico, y “del examen de los textos de que dimanan los hechos objeto de la querella, analizados precisamente en el conjunto y circunstancia del mismo -dice la magistrada juez-, se infiere que lo expresado en los mismos constituyen las opiniones del querellado, editor del periódico El Faro del Guadarrama, sobre la actuación del querellante y de la empresa Cover Collado Inversiones S.L.U, quien ha sido adjudicataria de grandes obras en la localidad de Collado Villalba, como son las del túnel-parking de la calle Honorio Lozano, la más cara, según el querellado, de la historia, con un coste de 40 millones de euros , basándose dichas publicaciones en que las mismas se realizaron nueve meses antes de que el querellante, junto con José Pablo González y el concejal de Hacienda, antes de Urbanismo, realizaran un viaje juntos a Andorra y otro a Punta Cana”.
“Pues bien, de la documental, de las declaraciones prestadas ante este Juzgado y del testimonio de las Diligencias Previas nº.- 648/2011 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº.- 2 de Collado Villalba y CD aportado por el propio querellante, nos encontramos que el querellado recoge en el periódico comentarios, información, opiniones y críticas a la actuación del alcalde, José Pablo González, a la del querellante y a la del concejal de Urbanismo citado, basándose en los periódicos ‘ABC’, ‘La Razón’ y ‘El Mundo’, recogiendo también las opiniones de la oposición al partido del alcalde en dichas fechas y a la actuación de éstos en las adjudicaciones de las citadas obras, sus viajes juntos y en la querella que ‘Manos Limpias’ puso con fecha 14 de marzo de 2011 contra el citado alcalde y contra el citado concejal de Urbanismo y cuantos otros puedan ser imputados por dichos hechos. ‘Con fecha 21 de marzo de 2006, el alcalde de Collado Villalba adjudica la concesión de la obra pública para un túnel y un aparcamiento a la UTE formada por la empresa Ortiz-Cover al 50%, que era la más costosa y de menos garantías, el accionista total y administrador único de Cover Collado Inversiones, José Carlos Gómez Paredes, es amigo íntimo del alcalde y del concejal de Urbanismo, como probaremos posteriormente... El alcalde celebró la Nochevieja de 2006 en Andorra junto al empresario del túnel’... En este tampoco se observa opinión calumniosa o injuriosa”
La juez también hace referencia en su auto a la información publicada por ‘ABC’ el 10 de diciembre de 2010 bajo el título ‘De Andorra a Punta Cana con escala en Collado Villalba’, en la que el rotativo madrileño se refiere a“las relaciones del alcalde, José Pablo González (PSOE) y el concejal de Hacienda -antes Urbanismo-, José Antonio Gómez Sierra, y los constructores locales José Carlos Gómez Paredes y Evaristo Núñez Milara-Sánchez, propietarios de las empresas Cover Construcciones S.L.U, IGS-Villalba, S.L. y Ediciones Villalba S.L., hasta hace pocos meses editora de el periódico El Telégrafo, entre otra veintena de mercantiles”.

En esta información, firmada por el periodista Antonio Oliver, aparece que “José Pablo González siempre se ha considerado el Asterix de la Sierra noroeste de Madrid. Es el alcalde socialista de Collado Villalba, un municipio de poco más de 50.000 habitantes que está rodeado de localidades gobernadas por el PP... Por eso ‘El churrero’, como así le conocen sus vecinos desde que su familia montara una churrería en la calle Real que ya ha sido demolida, se ve como el último bastión del socialismo en esta zona de la Comunidad de Madrid... Se vuelve a comprobar, según la magistrada, que se recogen informaciones de interés público de otros periódicos, en este caso del ABC”. Con fecha 20-12-2010, se habla sobre este mismo tema y se alude otra vez a ABC. Con fecha 23 de diciembre de 2010 se habla de un pleno municipal de 16 de diciembre y en el que se van a tratar los viajes y las fotografías citadas y las opiniones críticas de dicho editor. Con fecha 17-12-2010 se recoge que “el PP pide una comisión de investigación para conocer las relaciones del alcalde con los empresarios del Caso Villalba, y el editor se limita a manifestar lo que interesa a la opinión pública”. “Con fecha 30 de diciembre de 2010, se habla de la ITV y sus opiniones y críticas. Con fecha 1 de abril de 2011, El Faro recoge entre otras noticias que “el diario ABC de 9 de marzo, bajo el título ‘El alcalde de Collado Villalba ‘ahorró’ 600.000 euros a los constructores del túnel-parking de Honorio Lozano’, añadiendo que “el Consistorio que dirige el socialista José Pablo González dio por bueno un informe topográfico que ni siquiera estaba visado -ni sellado- por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografía”.

Con fecha 8 de abril de 2011 se hace referencia a las fotografías de Navidad con el alcalde y a una denuncia que se ha puesto contra el portavoz popular y críticas hacia los mismos sin ningún contenido calumnioso o injurioso”. El 29 de abril de 2011 recoge que “la estancia en Punta Cana del por el entonces concejal socialista de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra, y su familia, donde estos aparecen en compañía del constructor Gómez Paredes, esposa e hijos, en distintas fotografías tomadas en la República Dominicana, han provocado que las relaciones entre políticos y empresarios locales lleguen a los tribunales. ‘Siete denuncias, siete’... Tanto es así que, a día de hoy, en los juzgados de esta localidad, como decíamos la pasada semana, ya se han presentado media docena de demandas y una en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, de las que tres corresponden al alcalde José Pablo González: La primera fue presentada por Izquierda Unida, la segunda por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y la tercera está firmada por el portavoz del PP y candidato a la alcaldía, Agustín Juárez López de Coca. En todas ellas le imputan al regidor local los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Aquí tampoco se observa ninguna opinión calumniosa o injuriosa, máxime cuando es sorprendente que si primero recogió la información ABC, La Razón y El Mundo, todos ellos con proyección nacional, y el querellante no se sintió calumniado ni tampoco injuriado, y sí lo esté por el periódico El Faro, de mucha menos tirada y que se limita a recoger casi la misma información de dichos periódicos”. “Las recogidas en enero de 2011, febrero de 2011, julio de 2011, junio de 2011, marzo de 2011, mayo de 2011 y noviembre de 2010 son similares a las anteriores y no se recoge ninguna información realizada con menosprecio a la verdad o con ánimo de difamar”.

Conclusiones finales
La titular del juzgado número 3 de Collado Villalba finaliza su auto diciendo: “Las diversas expresiones vertidas se enmarcan dentro de una línea argumental encaminada a poner de relieve, con un manifiesto espíritu crítico, su disconformidad [se refiere al editor de El Faro del Guadarrama] con la actuación del alcalde, del querellante y del concejal de Urbanismo en el ámbito municipal que, reitero, no es otro que la crítica política y poner de relieve unos hechos de interés público y que han llevado a la interposición de una querella por Manos Limpias que fue admitida a trámite por el Juzgado número 2 de esta localidad y donde todavía no se ha concluido la investigación ni se ha formalizado la imputación por estar pendiente de pruebas. En el ámbito de esta actitud crítica no se aprecian expresiones desligadas de esta línea argumental con un contenido deliberadamente injurioso, o calumnioso, existiendo una serie de imputaciones de hechos que, por las declaraciones del querellante, no pueden ser consideradas como expresiones efectuadas por el querellado con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”.
“Respecto a las manifestaciones del querellado sobre los tratos de favor al querellante por parte del alcalde se están investigando. Por lo tanto debemos racionalmente concluir que las mismas están muy lejos de constituir una falsedad intencionada o un profundo desconocimiento de la verdad, debiendo por tanto situarse el presunto desajuste en el ámbito de la imprecisión, más que en el de la infamia criminalmente perseguible. Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta a la luz de la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional por la que en los casos en los que existe un conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, la concesión del amparo depende de que, en la manifestación de la idea u opinión se hayan añadido o no expresiones injuriosas desprovistas de interés público e innecesarias a la esencialidad del pensamiento, o formalmente injuriosas, dado que la Constitución Española no reconoce su pretendido derecho al insulto que sería, por lo menos, incompatible con la norma fundamental (Tribunal Constitucional Sta. 107/88 y 6/2000). Esta doctrina ha sido recientemente avalada por el TEDH en la sentencia de 23-04-92”.