Una sentencia frente a quienes trataron de desacreditar nuestra labor periodística

Por mucho que algunos quieran pasar de largo, empeñarse en defender lo indefendible e incluso seguir instalados en la descalificación, la obra del túnel-parking de Honorio Lozano y Batalla de Bailén continúa siendo el ejemplo más evidente de la nefasta gestión realizada en legislaturas pasadas. No vale aquello de que no merece la pena hablar de lo que ya ha pasado. Claro que hay que hacerlo. Por eso, la resolución de la titular del Juzgado número 3 de Collado Villalba, desestimando la querella presentada hace casi tres años contra el ex editor de El Faro del Guadarrama, Manuel J. Ortega, por el constructor José Carlos Gómez Paredes -decisión que éste ha recurrido ante la Audiencia Provincial, como ya hizo sin éxito en la denuncia contra el actual alcalde-, viene a subrayar la necesidad de no dejar caer en el olvido todo el escándalo que acompañó a este proyecto. En su auto, la juez sostiene, una vez repasadas las distintas informaciones y opiniones publicadas en este periódico, que de ninguna manera se puede hablar de difamaciones, injurias o calumnias. Se trataba simplemente de ahondar en los puntos más oscuros de una obra que se adjudicó a la UTE Cover-Ortiz, aun cuando su oferta era la más alta económicamente hablando, valorando especialmente la rapidez prevista en la ejecución de los trabajos.

Después, como centenares de vecinos y comerciantes sufrieron de forma directa, llegaron los continuos retrasos y también el sobrecoste, de modo que con suplementarios y modificados el presupuesto final se disparó a 40 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar el canon que el Ayuntamiento ha de pagar hasta 2046. Más tarde, el escándalo de las fotos del hotel de Andorra, con el ex regidor José Pablo González (PSOE) pasando la Nochevieja de 2006 con los empresarios José Carlos Gómez Paredes y Evaristo Núñez-Milara (y también del ex concejal de Urbanismo y Hacienda, José Antonio Gómez Sierra, compartiendo vacaciones en Punta Cana con el propietario de Cover), dio paso al Caso Villalba, sin que el Gobierno socialista aceptase crear la comisión de investigación que pedía la oposición en pleno para arrojar luz sobre este turbio asunto.

De todo ello dimos cumplida cuenta en estas páginas, mostrándonos desde un principio en contra de una obra tremendamente dañina para Collado Villalba, aun cuando ese posicionamiento nos costara todo tipo de acusaciones, tratando inútilmente de desacreditar nuestra labor periodística. No había entonces, como ha quedado ratificado en esta sentencia, intención alguna de injuriar o calumniar a nadie, pero sí de llegar hasta el fondo de un asunto que, además de provocar un enorme agujero en las arcas municipales, puso negro sobre blanco las estrechas relaciones entre algunos miembros del Ejecutivo del PSOE y determinados empresarios locales. Era nuestra obligación informar de todo ello. Y, le pese a quien le pese, así lo hicimos.