Reformas constitucionales

No se plantea ahora qué régimen político daría más estabilidad al país, pues la cuestión monarquía o república no es relevante en estos momentos, aunque en la Zarzuela no las tengan todas consigo. Tampoco si sería más deseable un sistema de gobierno presidencialista o uno parlamentario, ya que no evitaríamos la desafección ciudadana al modelo bipartidista impuesto por el espíritu constituyente de 1978. Lo que de verdad importa para no llevar al sistema democrático a un callejón sin salida es consensuar la estructura territorial del poder político en España de manera definitiva y eficaz. Y la mejor fórmula para conseguirlo no es otra que apostar por un federalismo simétrico y cooperativo, donde se respeten las identidades y hechos diferenciales de las tres nacionalidades históricas: Cataluña, Euskadi y Galicia. Hablamos, pues, de un federalismo multinacional como la mejor respuesta a las tendencias desintegradoras de los nacionalismos periféricos, un federalismo basado en relaciones horizontales, que cuente con recursos propios, con un reparto de poderes establecido en la Constitución y donde, además, queden claras la distribución de competencias para establecer, recaudar y ejecutar tributos e impuestos. Desde un punto de vista económico, nuestro modelo de Estado territorial es disfuncional y despilfarrador, donde las duplicidades administrativas y la corte de cargos superfluos e innecesarios producen ineficiencia económica. Es cuestionable la necesidad de que una España federal tenga que tener necesariamente 17 autonomías, pues es una realidad que la singularidad de Cataluña o Euskadi no es la misma que la de La Rioja que quizá reforzaría más su identidad si se le integrase en una amplia región castellana. El debate está ahí y si no se afronta las voces que ahora piden más recentralización, cuando no acabar con las autonomías, tendrán cada vez más eco entre amplias capas de la sociedad española.