Un monumental latrocinio

Este escándalo es de proporciones tales, por la cuantía del dinero robado, por el largo periodo en el que se ha perpetrado, por la cantidad de personas, empresas, instituciones que han participado o se han beneficiado directa e indirectamente del mismo que no es posible comprender la benevolencia e indulgencia con la que está siendo objeto de seguimiento, de información y divulgación por una buena parte de los medios de comunicación que se autoproclaman progresistas, empeñados en mitigar y dulcificar la actitud de los dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía que, durante más de diez años, no detectaron absolutamente nada anormal a pesar de los informes existentes de los funcionarios de la propia Junta, empezando por el propio Presidente quien, a través de los argumentos de su partido ha tenido la poca vergüenza y la inmensa cara dura de afirmar que este escándalo fue descubierto gracias a una denuncia de la propia Junta de Andalucía. ¿Cómo se puede tener tanta desfachatez? Es público y notorio que este escándalo estalla a través de una conversación entre empresarios durante un partido de fútbol que se quejaban porque estaban siendo extorsionados y chantajeados, como lo es también que las primeras informaciones parten del diario ABC y las primeras denuncias del señor Zoilo por el escándalo de Mercasevilla. Pero lo más intrigante, a la vista de las revelaciones del sumario, es saber como era posible ignorar que el dinero de la Junta estaba siendo malversado cuando los sobres repletos de billetes volaban de un sitio para otro pasando por las puertas de la propia Junta.

En la trama de los ERES han participado, de una forma u otra, los sindicatos que llegaron a ingresar más de 7 millones de euros por no hacer nada: las sociedades mercantiles vinculadas a UGT y CC OO (Grupo Atlantis, Temiqui S.A., ITG y FQT Asesores) y varias federaciones sindicales cobraron hasta 7,64 millones de euros procedentes de ‘sobrecomisiones’ que obtuvieron las consultoras Vinter (3,25 millones) y Vitalia (4,29 millones), así como el despacho de abogados ‘Estudios Jurídicos Vilasís’ (104.400 euros). El concepto por el que se facturaban los supuestos servicios realizados por los sindicatos (recogida de datos o cálculos actuariales) es el de ‘asesoramiento’. También han participado o se han beneficiado multitud de cargos y militantes socialistas, unas veces como falsos beneficiarios de unos ERES sin haber trabajado jamás en las empresas afectadas y otras como ‘cargos públicos’ que percibían enormes comisiones. Un entramado con tantos actores, tantos implicados y tanto dinero circulando y nadie se enteraba de nada. Curioso ¿verdad?