Y encima, ¿responsables de qué?

Por otra parte nuestro código penal prohíbe taxativamente los castigos corporales de padres a hijos, por lo que no queda otro remedio, ante conductas inadecuadas que recurrir al tan acreditado como eficaz -a veces- “diálogo” entre padres e hijos. No se puede echar mano ni tan siquiera al socorrido y antiguo remedio de castigar a los hijos a no salir a la calle. Y si no que se lo pregunten a aquel matrimonio de Baeza (Jaén) que en febrero del año pasado fue detenido por la Guardia Civil acusado de la ‘detención ilegal’ de su hija de 16 años cuando ésta los denunció porque no la dejaban salir a la calle por no haberse portado como debiera. Me pregunto ¿de qué recurso puede echar mano unos padres para evitar que su hijo salga a la calle cuando le dé la gana y haga lo que le plazca, si la ley no les deja siquiera como solución y máximo castigo evitar que salgan del domicilio familiar? Por lo tanto es lógico que salvo que los menores causen daños a terceros o a sus propiedades, como ocurrió hace unos meses en una casa rural, se responsabilice a unos padres de una conducta filial inadecuada que no afecte a otros.

En el caso de la borrachera de fin de semana, el único perjudicado es el propio bebedor. Digo esto a razón de las noticias publicadas estos días en relación con la ley que pretende promulgar el Gobierno por la que se multará a los padres de aquellos menores irresponsables que beben hasta entrar en coma etílico.

Resulta que ley prohíbe la venta de alcohol a los menores. Resulta, además, que con nuestros impuestos se paga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por si fuera poco a los policías municipales, para que todos ellos hagan guardar la ley y protejan a los ciudadanos. Si también está prohibido el consumo de alcohol en la calle; si se sabe que los botellones están a la orden del día y que a ellos acuden menores que se emborrachan hasta perder el sentido, yo me pregunto: ¿la responsabilidad es de los padres, o de los representantes del Estado, que con su permisividad permiten que se vulneren sistemáticamente las leyes que ellos mismos promulgan?.

Ahora resulta que ante la pasividad o impotencia del Estado para atajar el problema de los botellones y las borracheras de los menores en la vía pública -que a veces alcanza el coma etílico- la culpa es de los padres que si impiden la salida de sus hijos corren el riesgo de ser llamados ante un juez por ‘detención ilegal’ de su rebelde e irresponsable vástago. Los padres son los que deberían denunciar al Estado porque la policía -naturalmente siguiendo órdenes- no impidan el recurrente botellón y los consecuentes comas etílicos de menores (y de mayores también), cuando estos se consuman incumpliendo las leyes.

Es injusto que los padres, que son los primeros en lamentar que su hijo haya entrado en coma etílico y por tanto los perjudicados, sean encima los responsables de la permisividad de nuestras autoridades.