El ex alcalde Fernández Rubio, procesado por un presunto delito de prevaricación

En la providencia con fecha 15 de mayo, la magistrada Sara Rodríguez Huertas indica que Fernández Rubio firmó dos convenios que “no cumplían con las formalidades administrativas requeridas”, añadiendo que “resultó arbitraria su formalización, a sabiendas de su injusticia”. “Los anteriores hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación comprendido en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, señala la juez. A partir de ahora, los denunciantes tendrán un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral.

Este caso tiene que con los convenios de permuta que el Ayuntamiento, a través de la Sociedad Municipal de la Vivienda, firmó con el Grupo Canta, propiedad de Luis Álvarez, fallecido posteriormente. El acuerdo, con fecha de 23 de febrero en 2006 y carácter renovable, contenía, según el Consistorio, una “condición suspensiva”: la no aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que a día de hoy sigue sin recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Precisamente ésa es la cláusula en la que se apoyó la actual alcaldesa y antigua compañera de Fernández Rubio, Carmen María Pérez del Molino, para no prorrogar el convenio en 2009.

La defensa de la familia Álvarez se querelló entonces contra la regidora y parte de su Equipo de Gobierno, denuncia archivada luego por la Audiencia Provincial de Madrid. Por otra parte, la propia Pérez del Molino había manifestado en reiteradas ocasiones que el acuerdo suponía un grave perjuicio para las arcas municipales, cifrándolo en 1 millón de euros. Además, el interventor y hasta hace poco secretario accidental de la Corporación, Francisco Javier Casal, señaló en su declaración en los Juzgados de Collado Villalba que el citado documento oficial contenía “graves defectos formales y materiales”.

Fue entonces cuando el juez decidió llamar a Fernández Rubio en calidad de imputado, a petición del ministerio fiscal. El ex alcalde guadarrameño mantuvo que “ni antes ni después de la firma” nadie le hizo “ninguna referencia” de que el contrato que suscribió con Luis Álvarez no se ajustara a la legalidad.
“Lo que no puede ser es que estos señores se hayan quedado sin parcela, con una contraprestación poco equilibrada y con la frustración de la expectativa que el Ayuntamiento generó y que anuló por incumplimiento”, manifestó entonces el abogado de la familia, José María Garzón, que solicitará para los afectados una indemnización superior al millón de euros.

Ahora, según publicaba ayer el diario El Mundo, parece que los abogados del actual regidor de Las Rozas van a recurrir este auto, además de que consideran que no se trata de una prevaricación y que no estamos ante un acto administrativo, sino un contrato mercantil en nombre de una sociedad municipal.