La Justicia declara “ajustado a derecho” el ERE del Ayuntamiento

Sin embargo, en la sentencia de 24 folios fechada el pasado 16 de mayo, el juez José Antonio Capilla lo deja claro: la situación era insostenible y había que tomar medidas. Así, en el documento se recogen las causas que originaron este ERE, entre las que destaca “la mala situación económico-financiera del Ayuntamiento, caracterizada por una reducción de los ingresos ordinarios, un excesivo nivel de gasto y una deficiente gestión y organización de los recursos que ha provocado un déficit presupuestario insostenible y un alto nivel de endeudamiento (más de 120 millones de euros)”.

Respecto al auto, el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, ha manifestado que pese a “lamentar” tener que haber tomado la decisión de despedir a los citados trabajadores, “esta sentencia ratifica que todo el procedimiento ha sido ajustado a derecho”, estando por una situación económica “heredada” de tal magnitud que “de no haberse llevado a cabo ahora la situación podría ser catastrófica”.

De hecho, la sentencia describe este cuadro financiero con el que se encontró el Equipo de Gobierno a su llegada, lo que hizo que se tuvieran que tomar una serie de “medidas de reducción del gasto en todos los capítulos del presupuesto para evitar el riesgo de un total colapso de las finanzas municipales”.
‘Garantizar los servicios’
De igual forma el magistrado hace mención al conjunto de medidas adoptadas por el Ejecutivo local para hacer frente a esta situación heredada que “persiguen cumplir con el triple objetivo de garantizar los servicios municipales a la población, eliminar ineficiencias en el aprovechamiento de los recursos y reducir el gasto de personal”.

En este sentido hay que apuntar que el auto recoge como datos acreditados que “los gastos de personal se han duplicado en el periodo 2002-2011, pasando de 10 millones de euros a cerca de 21”.

Por otra parte, también se hace mención al Plan Económico Financiero de 2009, “un documento que preveía para 2010 un ahorro neto positivo de 750.000 euros, si bien la realidad es que el ejercicio se cerró con un “ahorro neto negativo superior a 11.600.000 euros, lo que permite considerar el fracaso del citado Plan de Saneamiento y la importancia que había cobrado la partida de gastos de personal (más de 45 por ciento del presupuesto) para superar la situación económica desfavorable”.

Problemas estructurales
La sentencia argumenta también la legalidad del ERE presentado por el Ayuntamiento en que “ante problemas estructurales, que comprometen la viabilidad en el futuro, las administraciones podrán adoptar medidas de redimensionamiento de plantillas, medidas de extinción de contratos de trabajo, que unidas a otras de distinto orden representan un mecanismo que puede llegar a ser necesario si se trata de asegurar la viabilidad de un organismo o Administración pública”. Finalmente, el juez mantiene que “tal vez valdría la pena interrogarnos acerca de si defender lo público no pasa por examinarlo críticamente y revisarlo”.