El Tribunal de Cuentas deberá pronunciarse sobre las subvenciones al ‘Teatro Sin Barreras’

El primero de estos asuntos estaba relacionado con la remodelación de algunas calles del Parque de La Coruña, obra realizada con subvenciones del Estado (Plan E), pero sin contrato alguno, según manifestó el regidor. El segundo tenía que ver con otra irregularidad detectada en las viviendas del IVIMA, concretamente con el alquiler de 20 pisos situados en las calles Camelias y Amapolas de Collado Villalba, todos ellos supuestamente destinados a albergar a mujeres víctimas de violencia de género, colectivos necesitados o menores tutelados, cuya deuda ascendía a 240.000 euros, sin que existiera ningún expediente relacionado con dicho convenio, que al parecer tampoco había sido aprobado en Junta de Gobierno.

El tercer asunto, que hoy vuelve a ser actualidad, es el relacionado con las dos subvenciones concedidas en su día por el Ministerio de Cultura al Gobierno socialista villalbino, por importe de 450.000 y 550.000 euros, que deberían ser destinados a la construcción en la finca Malvaloca de un Teatro sin Barreras, cantidades que, según afirmó Agustín Juárez, fueron desviadas al pago de intereses de los préstamos bancarios solicitados por este Consistorio, a cuotas de la Seguridad Social vencidas, etc. Este último tema, tal como informó El Faro del Guadarrama, llegó al Tribunal de Cuentas, a través de un escrito firmado por el Abogado del Estado, Francisco Javier Borrego, en el que en un primer momento solicitaba que el ex alcalde, José Pablo González, el ex concejal de Hacienda, José A. Gómez Sierra, y el por entonces interventor municipal, Alfonso Vidal, fuesen reconocidos como “los responsables directos del menoscabo de un millón de euros (más los intereses) de los caudales públicos, al destinar conscientemente el importe de estas ayudas a fines distintos de los que determinó su concesión y pago, originando un quebranto importante en los fondos públicos destinados a subvencionar actividades y proyectos relacionados con la Cultura”. El Abogado del Estado finalizaba su escrito solicitando el embargo preventivo de los bienes de los tres demandados para así asegurar las responsabilidades directas que pudieran concitarse.

El contencioso continúa
Sin embargo, días más tarde, concretamente el 30 de enero de este mismo año, el letrado estatal decidió anular la orden de embargo del patrimonio de los acusados. Aún así, los representantes legales del Ayuntamiento villalbino decidieron continuar la reclamación por los daños causados a las arcas municipales (expediente A-112/12), a través de un procedimiento de “reintegro por alcance” cuyo importe supera el millón de euros. Es decir, que aunque los tres encausados ya no tuvieran trabados sus bienes para garantizar el retorno de las dos subvenciones concedidas por el Ministerio para la construcción del teatro, ello no les eximirá de tener que afrontar este contencioso en el Tribunal de Cuentas. Prueba de ello es el escrito de fecha 27 de febrero, donde Carlos Cubillo Rodríguez, letrado secretario de este alto tribunal, después de admitir a trámite las demandas presentadas y conceder a los demandados un plazo de 20 días para contestarlas, a petición del ministerio fiscal rechazó el recurso interpuesto por José Antonio Gómez Sierra, en el que el ex concejal de Hacienda solicitaba el sobreseimiento de la causa, alegando, entre otros motivos, que el demandando “carecía de competencia para efectuar actuaciones en orden a la contratación de la ejecución de las obras objeto de subvención [teatro] y que, además, el proyecto que contempla dicha subvención únicamente hubiera servido para la construcción de la fase 1”. Gómez Sierra también alegó que “la cuantía de la demanda carece de toda coherencia, al no haberse destinado el citado importe en beneficio de terceros ajenos al interés municipal, sino que fue aplicado para fines municipales conforme al principio de unidad de caja y de haberse abonado intereses por ese importe su coste habría sido más gravoso para el Ayuntamiento”, planteamientos que han sido desmontados por el letrado del Ayuntamiento al considerar que el ex edil de Hacienda “reconoce explícitamente que ha utilizado el anticipo de subvención estatal como si de una operación de tesorería se tratase, de lo que se concluye que la desviación de fondos se ha realizado con plena conciencia y método, en especial cuando se está afirmando que era imposible realizar el proyecto subvencionado”.

Al margen de lo que dictaminen en su día los tribunales, lo cierto es que Collado Villalba ha perdido un teatro y el Ayuntamiento cerca de 50.000 euros, importe correspondiente a los intereses devengados por el citado préstamo.