El ex alcalde socialista José Pablo González se sienta en el banquillo como imputado

También el ex regidor socialista tuvo que responder, tal como solicitó el fiscal L. Carmona en su escrito de fecha 27 de marzo de 2012, sobre quién pagó su estancia en el hotel Grau Roig de Andorra, donde se alojó entre el 27 de diciembre de 2006 y el 2 de enero de 2007, en compañía de dos constructores villalbinos, José Carlos Gómez, por entonces propietario, de Cover, y Evaristo Núñez, socio del primero en la promotora IGS Villalba, empresa esta última que según publicó ABC en su edición del pasado 17 de diciembre de 2012 fue la que habría pagado la factura correspondiente a la estancia de las tres familias en el hotel del Principado, cuyo importe ascendió a 21.217,51 euros (documento que reproduce el citado rotativo).

Otras preguntas tenían que ver con los detalles relacionados con la cesión a la empresa Concesionaria Villalba S.A. de la parcela municipal ‘Caño de la Fragua’ para el depósito de los residuos procedentes de dicha obra y sobre lo relativo a la no recuperación de esta finca a su estado original.

Como ya anunció El Faro del Guadarrama en la edición del pasado 21 de diciembre, también fueron citados a declarar en el mismo juzgado como imputados (algunos ya lo han hecho) el ex concejal de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra; el arquitecto municipal, Pedro Riveiro; el ex director de Urbanismo, Jesús García del Burgo; y el representante de la empresa Tecnia Ingenieros, S.A, Javier Fernández González, entre otros.

Tribunal de Cuentas
Pero tanto para los ex dirigentes del Ejecutivo socialista como para algunos funcionarios municipales, los contenciosos en los tribunales no parecen haber terminado. Así, hemos podido saber que con fecha 17 de diciembre de 2012, la Abogacía del Estado había demandando al ex alcalde José Pablo González, al por entonces edil de Hacienda, José Antonio Gómez Sierra y al ex interventor municipal, Alfonso Vidal Delgado ante el Tribunal de Cuentas, pidiendo para ellos el embargo preventivo de sus bienes por importe de 1.051.931,51 euros, por los perjuicios causados a los caudales públicos en relación con la subvención concedida por el Ministerio de Cultura al Ayuntamiento de Collado Villalba en el año 2011, en dos plazos (uno de 450.000 y otro de 550.000 euros), cantidades que debían ser destinadas al proyecto de construcción del denominado ‘Teatro sin Barreras’, que se ubicaría en la finca de Malvaloca, situada en Batalla de Bailén. Dado que dicha subvención fue desviada por el entonces Ejecutivo local a otros fines (pago de nóminas y de proveedores), la Abogacía del Estado abrió diligencias y trasladó sus conclusiones al Tribunal de Cuentas, solicitando que los demandados fuesen condenados “al pago de los intereses de demora y por tanto se les retraiga dicha cantidad de su cuenta pertinente; que se les condene al pago de las costas procesales y que se practique el embargo de sus bienes”.

Sin embargo, apenas un mes más tarde (17 de enero 2013), el mismo letrado estatal (Francisco J. Borrego) presentó un nuevo escrito ante la consejera de cuentas de dicho tribunal donde expone que “para evitar la tramitación de un procedimiento de ‘reintegro por alcance’ a instancia de esta representación, que paulatina y constantemente está reduciendo el saldo deudor perseguido que llegará previsiblemente a ser inexistente en marzo del año próximo, esta representación del Estado, conforme al Art. 78,2 de la LFTCu, desiste de la demanda”.
¿Qué quiere decir esto? Simplemente que como el Ayuntamiento está pagando, merced a un convenio firmado posteriormente con la Agencia Tributaria, el millón de euros y los intereses correspondientes a la subvención concedida en 2011 por el Ministerio de Cultura al Consistorio socialista para la construcción de un teatro en la finca Malvaloca y que este destinó a otros fines, como así lo reconocieron en su momento los propios denunciados, la Abogacía del Estado que, previamente observó la presunta responsabilidad por parte de los autores en el desvío de este dinero, ahora se conforma con el hecho de que las arcas municipales salden la deuda. Aún así, y según ha podido saber El Faro del Guadarrama, el procedimiento seguirá adelante a instancia del propio Ayuntamiento de Collado Villalba, tal como manifestó recientemente el alcalde, Agustín Juárez (PP). Más información en página 6.