Los siete imputados del ‘caso Villalba’ tendrán que declarar este mes en el Juzgado número 2

Como les anunciábamos en nuestras ediciones de los días 14 y 21 de diciembre de 2012, la obra del túnel-parking de Honorio Lozano afrontará a partir de este mes la recta final en el ámbito judicial, al estar previsto que se sienten en el banquillo cinco técnicos municipales y dos miembros del Equipo de Gobierno que rigió los destinos del Consistorio villalbino entre 1999 y 2011, todos ellos vinculados con la polémica obra adjudicada por el Ayuntamiento en el año 2006 a la UTE ‘Cover-Ortiz’ y que, seis años más tarde, aún sigue bajo sospecha
Según se aprecia en el documento remitido con fecha 28 de marzo de 2012 por el fiscal L. Carmona a la titular del Juzgado número 2 de Collado Villalba (Diligencias previas número 648/2011), “ una vez instruida la documentación aportada y con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos, interesa que se practiquen las siguientes diligencias”:
1.- Recibir declaración en calidad de imputados a Fernando Álvarez Rodríguez (Interventor); a Pedro Riveiro Pita (Arquitecto); a Jesús García del Burgo (Director de Urbanismo), a Francisco Valenciano Borrachero (secretario accidental), todos ellos pertenecientes a la plantilla del Ayuntamiento villalbino, y a Javier Fernández González, representante de la empresa Tecnia Ingenieros. También están citados como imputados el ex alcalde José Pablo González Durán y el ex concejal, por entonces responsable del área de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra.

Según ha podido saber este periódico, todos ellos deberán comparecer ante la titular de dicho Juzgado en la segunda quincena de este mes. Previamente habían declarado, en condición de testigos, Tomás Alberich Nistal, portavoz de Izquierda Unida en el momento de los hechos; y Carmen Rodríguez, ex concejal y portavoz del Partido Popular. Ahora además lo tendrá que hacer Agustín Juárez López de Coca, actual alcalde, con objeto de que ratifique la denuncia interpuesta en su momento como portavoz del PP y para que aporte el informe al que hace referencia en su denuncia, el cual fue emitido por un miembro del Colegio Oficial de Ingenieros y Técnicos en Topografía en relación a la no recuperación de la finca “Caño de la Fragua” a su estado original, o al menos identifique a su autor, con el fin de citar al mismo para que se ratifique en el citado informe.

También la Fiscalía pide en su escrito que se solicite el Hotel Grau Roig del Principado de Andorra, a los efectos de que informe si efectivamente José Pablo González Durán se alojó en la Nochevieja del año 2006 en el mismo, la tarifa de la estancia y quién abonó el importe de la factura. También solicita de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos de que informe si conforme a lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid, era necesario fijar fianza en el expediente 84/CON 2005, relativo a la adjudicación de la obra del túnel, aparcamiento y reforma del entorno de la calle Honorio Lozano, así como explotación del parking, en concreto en relación con la clausula 35 relativa a la cesión de la finca “Caño de la Fragua” para el depósito de los residuos de construcción y demolición a la vista de la entidad de la obra y las dimensiones de los residuos que se iban a generar.

Finalmente, la Fiscalía pide que se requiera al Ayuntamiento de Collado Villalba la remisión del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de abril de 2006, relativo a la ocupación temporal de la finca Malvaloca (que sería utilizada posteriormente para el estacionamiento de algunas máquinas utilizadas en dicha obra y como depósito de materiales).

Primeras declaraciones
Según ha podido saber El Faro del Guadarrama, hasta ahora la titular del Juzgado número 2 de Collado Villalba y el ministerio fiscal ya han tomado declaración como imputada a Celia Alcalá Gómez, ex secretaria accidental del Ayuntamiento en el periodo en el que se produjeron los hechos, y a Manuel Romero Fernández, secretario general de este Consistorio entre 2010 y 2012, éste en su condición de testigo. De las declaraciones de este último se desprende el interés de la Fiscalía por conocer, entre otros asuntos, la cesión temporal del uso de las fincas de propiedad municipal, Malvaloca y Caño de la Fragua, a las empresas constructoras (Cover y Ortiz) de la obra del túnel-parking de Honorio Lozano y posteriormente a Concesionaria Collado Villalba S.A. Al respecto, el señor Romero Fernández dijo, entre otras cosas, que “se especificaron en su informe los reparos que realizó a las actuaciones que efectuaba el Ayuntamiento, en concreto a lo relativo al Centro Comercial que se pretendía construir en Caño de la Fragua, y también el convenio de colaboración del Ayuntamiento con la Concesionaria Collado Villalba, S.A.”. Posteriormente, el ex secretario villalbino abundaría en este mismo tema al afirmar que “respecto a la calificación de dicha finca [Caño de la Fragua] cree que tiene el carácter de bien patrimonial. Que en el caso de que la finca fuera de dominio público considera que la cesión de la misma para el acopio de residuos de construcción y demolición exigiría un expediente de contratación que supondría el pago de un canon al Ayuntamiento en cuanto a la utilización privativa de un bien de dominio público conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades locales (1986) y Ley de Patrimonio de las Administraciones públicas (2003)”. También indicó, según recoge el acta judicial de esta comparecencia, que “al tratarse de una cesión temporal se deberían establecer unos plazos y unas consecuencias en caso de incumplimiento al ser un bien de dominio público”.

Es decir, que el Ejecutivo socialista presidido por José Pablo González no sólo pudo incumplir la normativa legal al no establecer un contrato público en el cual estuviera reflejado el canon que debería pagar la adjudicataria de esta obra, es decir la UTE Ortiz-Cover, sino que además no penalizó el retraso originado por la retirada de dichos residuos, de ahí que la Fiscalía haya solicitado al actual alcalde, Agustín Juárez, que ratifique su denuncia interpuesta al respecto en el año 2011 en su condición, por entonces, de portavoz del PP y aporte el informe emitido por un miembro del Colegio Oficial de Técnicos en Topografía en el que se declaraba la existencia de unos 16.993 metros cúbicos de escombros esparcidos por la finca situada junto a la ITV y que no constan en el documento de recepción que fue realizado anteriormente por el Ayuntamiento, documento en el que decía que: “Con fecha 24 de noviembre de 2011 se realiza visita de inspección por parte de los Servicios Técnicos de Medio Ambiente junto al Arquitecto Municipal (Pedro Riveiro Pita) a la finca Caño de la Fragua... Durante la visita de inspección se constata que el volumen total del material almacenado y el aterrazamiento de residuos observado en la anterior visita de inspección (5 de febrero de 2009), ya no existe... Por otro lado consta que el arbolado se encuentra a nivel del terreno... A los efectos se acompaña estudio topográfico realizado por la Empresa Concesionaria Collado Villalba, S.A., antes de la utilización de la parcela (abril 2006) y en la actualidad (noviembre de 2009), en el que los perfiles longitudinales atestiguan lo observado en la visita de inspección. En función de lo expuesto, se emite informe favorable para la recepción de estos terrenos... La Junta de Gobierno local, por unanimidad, acuerda: la recepción por parte del Ayuntamiento de la parcela “Caño de la Fragua”, Km. 37,200 de la A-6. Firmado, Juan José Morales Durado. Concejal de Urbanismo”.

El 9 de marzo de 2011, el diario ABC, bajo el título “El alcalde de Collado Villalba ahorró 600.000 euros a los constructores del túnel-parking de Honorio Lozano”, indicaba que “el Consistorio que dirige el socialista José Pablo González dio por bueno un informe topográfico que ni siquiera estaba visado -ni sellado- por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía”. Esta noticia, según pudo saber nuestro periódico, permitió al colectivo Manos Limpias que previamente había denunciado en el Juzgado de Collado Villalba las presuntas irregularidades cometidas en la realización de la obra de construcción del túnel-parking y remodelación de las calles de Honorio Lozano y Batalla de Bailén, ampliar la misma incluyendo los citados datos.

Estancia en Andorra
Otro de los puntos que quiere esclarecer la Fiscalía, y así se desprende del documento enviado al Juzgado número 2 de Collado Villalba con fecha 27 de marzo pasado, es el relacionado con la estancia del ex alcalde José Pablo González y su familia en el Hotel Grau Roig de Andorra, donde compartió (como muestran las fotografías publicadas por distintos medios) las vacaciones navideñas con los empresarios locales José Carlos Gómez Paredes, por entonces administrador de Cover, y Evaristo Núñez Milara, socio del anterior en la empresa IGS Villalba, y sus respectivas familias. ABC mostraba el pasado 17 de diciembre en su edición de Madrid la factura en la que se apreciaba que había sido pagada por IGS, documento que, según la información publicada en el rotativo madrileño, “demuestra” que el empresario [propietario por entonces de la empresa Cover] pagó [con cargo a IGS Villalba, de la que también era administrador mancomunado con Núñez Milara] la estancia del alcalde en dicho establecimiento.

En las diligencias previas 648/2011 que se siguen en el Juzgado número 2 de Collado Villalba el fiscal (punto 10) solicita: “Ofíciese al hotel Grau Roig del Principado de Andorra, a los efectos de que informe si efectivamente el señor José Pablo González Durán se alojó en la nochevieja de 2006 en el mismo (posiblemente entre el día 27 de diciembre de 2005 y 2 de enero de 2006), los días concretos, las tarifas de la estancia y quien abonó el importe de la factura”.