De la guerra del tabaco a las nuevas denuncias en materia urbanística

De ese modo, el Gobierno central se opone a que se pueda fumar en las cafeterías de los centros de trabajo y en bodas y celebraciones, tal y como aprobó el Ejecutivo autonómico hace dos semanas. Para el Gobierno de Esperanza Aguirre, esta actuación responde al “acoso permanente” que dice sufrir por parte del Ejecutivo estatal y que “roza ya lo obsesivo, sin importarle siquiera vulnerar competencias que son, constitucionalmente, autonómicas”.

Y si la semana pasada era el PSOE el que presentaba varias denuncias ante el Fiscal Anticorrupción en relación a municipios gobernados por el PP, en esta los populares hacían lo propio al entregar 10 casos en los que se puede advertir “el modelo socialista que está instalado en la corrupción urbanística y en la confusión de intereses públicos y privados”, según señaló el portavoz de esta formación, Antonio Beteta. Entre los escritos se encuentra un presunto “trato de favor”al secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en la compra de un chalet en Villaviciosa de Odón, en la que tomó parte el líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, José Luis Balbás, y el constructor Francisco Bravo. Los populares también denuncian que el ex alcalde socialista de Arroyomolinos, Ángel Luis Pérez, recalificó la finca rústica Las Castañeras, procediendo a su urbanización una empresa de Bravo. Además, presentaron dos casos relacionados con supuestas actuaciones de Enrique Benedicto, marido de la portavoz adjunta socialista Ruth Porta en Humanes y Parla, y con el líder del PSM, Rafael Simancas, quien firmó un documento en abril de 2003 por el que se comprometía a “ceder suelo urbanizado para la construcción de 50.000 viviendas de protección pública”. Otras tres denuncias se refieren a la actuación del alcalde de Aldea del Fresno, José Luis Tello, y de los ex concejales de Urbanismo de Getafe y Leganés, Jesús Neira e Isidoro Herrero, a los que los populares acusan, respectivamente, de cobrar “una comisión del 8 por ciento” y obtener "unos beneficios superiores a 100 millones de euros" por sendas recalificaciones. Estas denuncias tuvieron su respuesta en Simancas quien calificó esta iniciativa de “maniobra de distracción para evitar que la atención pública se sitúe sobre los casos reales de corrupción en los municipios gobernados por el PP, que carece de credibilidad alguna para posicionarse como un partido que lucha contra la especulación urbanística, ya que el máximo responsable de Urbanismo en el PP es el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, ha tenido que dimitir”.

En materia sanitaria destacar que los médicos residentes (MIR) podrían sumarse a la huelga de facultativos del 30 de noviembre y 1 de diciembre, que dos sindicatos médicos han convocado en todos los centros sanitarios públicos de la región, en caso de no llegar a “un acuerdo satisfactorio” con la Consejería de Sanidad y Consumo.