El Ejecutivo da luz verde al llamado ‘testamento vital’

Así, en el llamado testamento vital el paciente podrá dejar constancia escrita sobre la cesión de sus órganos con finalidad docente, investigadora o terapéutica, la aplicación de medidas paliativas o el deseo de que no le prolonguen la vida de forma artificial. La norma, que entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, permitirá la consulta rápida y ágil de las instrucciones formuladas para facilitar su aplicación por parte de los médicos.

Desde la Consejería de Sanidad se garantizará la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, que podrán ser sustituidos o revocados siempre que el paciente lo desee. La inscripción en este Registro, situado en la calle Sagasta, 6 de la capital, se podrá hacer personalmente por el otorgante o por persona con poder al efecto, acompañando la documentación requerida.

Cursos para desempleados
Además, el Consejo de Gobierno aprobó la puesta en marcha de 1.112 cursos de formación ocupacional destinados a más de 16.600 parados, que recibirán acciones formativas para adecuar sus conocimientos a las necesidades del mercado laboral, por lo que se impartirán teniendo en cuenta los sectores que más demanda tienen y los municipios que los solicitan. Por otro lado, la Comunidad de Madrid destinará cerca de 47 millones de euros para ayudar a las familias en riesgo de exclusión gracias a la Renta Mínima de Inserción. Esta prestación social, de la que este año se han beneficiado más de 28.400 personas, supone una ayuda para hacer frente a las necesidades básicas de las familias y les permite acceder a programas que fomentan la integración.

Sanciones
a Bitango

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, confirmó que la Administración autonómica abrirá expedientes sancionadores contra la promotora Bitango por vender viviendas protegidas a un precio superior al marcado por ley. Por otra parte, entre los acuerdos adoptados ayer destaca que la Comunidad destinará casi 47 millones de euros para ayudar a las familias en riesgo de exclusión. Según los datos aportados por el Ejecutivo, más de 28.400 personas han recibido cada mes esta prestación de apoyo a la integración social Los perceptores de esta renta son mujeres con menores a su cargo y familias con el titular en paro