El coste de las pensiones

Sobre el papel, el objetivo de la política económica de nuestro Gobierno es fomentar a medio plazo la competitividad para poder afrontar así la crisis de la deuda y los problemas del déficit publico, pero de entrada no se ven los resultados, sino simplemente paro -el gran drama español-, bajadas de salarios, menos gasto público, incluso pensiones y prestaciones sociales y la llamada flexiseguridad en el empleo, que se suma a una mayor coordinación de las políticas fiscales. Por eso mismo, desde hace tiempo, en la capital comunitaria se viene especulando con una nueva reforma de las pensiones y más recortes a las prestaciones por desempleo en España.
“En una profunda recesión como esta, no es el mejor momento para hacer frente a problemas de largo plazo como el coste de las pensiones y el envejecimiento de la población”. Un juicio así, aplicado a España, no es de la oposición ni tampoco de los sindicatos. Es nada menos que del propio The New York Times, que también advierte: “Dado que los parados de larga duración están empezando a perder las prestaciones por desempleo, la pensión se ha convertido en la principal fuente de financiación de cientos de miles de familias”.

Cuando menos resulta curioso que algo tan evidente se vea desde Nueva York y no se vea -y se sienta- desde Madrid o Bruselas. Pero así va España, a remolque de las peticiones -más bien presiones- que llegan de Europa y desde algunos organismos internacionales de inspiración neoliberal. Unos y otros lo que quieren es acelerar el plan aprobado en 2011 por el Gobierno del PSOE -entonces con el voto en contra del PP- para ampliar la edad de jubilación a los 67 años paulatinamente hasta 2027. Ni más ni menos.