Tras la resaca de la Diada

¿Invocó Cameron la sagrada unidad de la patria, amenazó con una respuesta drástica, repasó los lazos históricos de Escocia con el Reino Unido? Nada de eso. Dijo que referéndum ya, de inmediato, sin esperar el plazo que pedían los nacionalistas de Salmond, los cuales, ante el desafío del premier británico, se arrugaron y plegaron las velas. Descubrió, en suma, que no eran los huestes de Braveheart las que tenía enfrente, sino unos tahúres que iban de farol. Total, que ahí está el SNP meditando todavía a ver cuándo le viene bien dar el paso hacia la separación.

En Canadá, el chantaje del independentismo quebecois se solventa con la llamada Ley de Claridad, en la que se estipulan los requisitos de la consulta. Resumiendo, la pregunta al electorado ha de ser precisa y sin ambigüedades, tiene que haber una mayoría suficiente de votantes que participen y se ha de contemplar la posibilidad de que haya partes del territorio que sigan ligados al país original. Pero la condición más importante es una cuarta que se refiere a que el referéndum, en caso de obtener un resultado contrario a la independencia de Quebec, no se repetirá, al menos en un plazo de 25 años.

Aplicado al caso catalán, ya que estamos en plena resaca de la Diada, significaría que no valdría una pregunta enrevesada en la que se ocultase la palabra independencia. Tampoco serviría una consulta con una abstención abrumadora. Debería admitir la posibilidad de que una parte de la comunidad permaneciera en España. Y no se aceptaría que el nacionalismo repitiera el referéndum como quien va a hacer juego en la ruleta.

Gran Bretaña y Canadá son dos países democráticos que han encontrado los antídotos adecuados para sus problemas de secesión. Cuando ésta se manifestó de forma violenta, utilizaron sin pestañear la fuerza policial e incluso el ejército. Cuando el desafío es pacífico, reaccionan de manera que la unidad de ambas naciones no esté en permanente cuarentena. Algo de esto convendría ir pensando para acabar con órdagos como el lanzado el pasado martes por Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana, al Gobierno de España y que en realidad esconde un evidente farol.