El ‘Caso Villalba’, pendiente del pronunciamiento judicial sobre las distintas denuncias

En ambas los querellantes denunciaban la mala gestión política llevada a cabo en los últimos seis años por el entonces regidor de la localidad, José Pablo González Durán, incidiendo sobre todo en el polémico asunto relacionado con la adjudicación de la obra del túnel-parking de Honorio Lozano a la UTE formada por las empresas Ortiz-Cover, y los viajes que el entonces alcalde y el concejal de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra, realizaron a Andorra y Punta Cana en compañía de José Carlos Gómez, en aquellos momentos propietario de Cover, acusándole de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. La publicación en el diario ABC de las fotografías que daban cuenta de estos viajes ponía en evidencia la buena relación de dicho empresario con ambos políticos, asunto que provocó un fuerte debate vecinal y político, lo que obligó a los tres grupos de la oposición (PP, IU y ADEI) a pedir a José Pablo González y a Gómez Sierra que aclarasen una situación calificada de vital interés para todos los ciudadanos.

Como consecuencia de ello, Agustín Juárez, entonces portavoz del grupo municipal del PP, pidió en el pleno celebrado el 4 de febrero de 2011, una comisión de investigación que, posteriormente, sería rechazada por la mayoría absoluta del PSOE. Aún así, Juárez no quiso desaprovechar la ocasión para realizar, en esta misma sesión, 50 preguntas (47 dirigidas a José Pablo González y tres a Gómez Sierra) sin que los interpelados contestaran a ninguna de ellas.

Silencios y acusaciones
Las únicas explicaciones sobre estos viajes, uno a Andorra, en el que las familias González, Gómez Paredes y Núñez Milara compartieron estancia (28-12-2006 a 3-01-2007) en el Hotel Grau Roig; y el otro a Punta Cana, donde el por entonces edil de Urbanismo, su esposa e hijos estuvieron varios días con el propietario de la empresa Cover, fueron las siguientes: “Este encuentro fue fruto de una casualidad. Como practico el esquí, allí [en Andorra] me encontré con ellos”, dijo el alcalde tras publicarse las fotos. Sierra intentó justificarse de la siguiente manera: “Viajamos a Punta Cana ‘tan sólo’ en septiembre de 2004. Se trata de dos familias que se conocían debido a que mi hijo y los suyos [de José Carlos Gómez] estudian en el mismo colegio, por lo que surgió una buena amistad entre las madres”. Aún así, ninguno de los dos ediles demostraron haber pagado tan costosos viajes y la estancia en los hoteles de Andorra y de la República Dominicana. Únicamente el ex alcalde presentó un extracto de su VISA en la que aparecía un cargo del hotel del Principado por importe de 1.751 euros, cifra que ni siquiera se aproximaba al precio que marca la tarifa oficial de la estancia.

Tampoco Agustín Juárez obtuvo respuesta alguna a sus preguntas sobre el conglomerado de empresas relacionado con estos dos empresarios: “José Carlos Gómez, copropietario de Concesionaria Villalba y adjudicataria del túnel de Honorio Lozano, comparte con Evaristo Núñez Milara la propiedad de la constructora IGS-Villalba, protagonista del famoso caso de las Maripis, donde el alcalde firmó con estos empresarios un convenio a través del cual el Ayuntamiento les compraba unos terrenos por 4 millones de euros, cuando a ellos les habían costado, pocos meses antes, unos 2 millones. Esta transacción no fue aprobada en pleno porque los grupos de la oposición amenazaron con llevar el asunto a los tribunales. También controlaban Villalba Ediciones, empresa editora de ‘El Telégrafo’, periódico de cabecera del alcalde, obteniendo por ello contratos publicitarios y adjudicaciones como la edición de la revista municipal, donde actuaban de subcontratistas, cobrando tarifas que doblaban las de mercado”, señaló.

Igualmente, fue denunciado el polémico intento de adjudicación de los terrenos de Caño de la Fragua (ITV) a la mercantil Eurofund Investments La Villa, S.L, que curiosamente había compartido oficina y teléfono durante un tiempo con IGS-Villalba en un edificio del Parque Empresarial de Las Rozas.

Todo ello lleva a muchos a pensar que hasta que se produzca una resolución judicial sobre las querellas presentadas contra el ex regidor, José Pablo González, actualmente en instrucción, va a ser muy complicado llegar a conocer los entresijos del ‘Caso Villalba’ y poder despejar las siguientes interrogantes: ¿Quién pagó la estancia del por entonces alcalde de Collado Villalba y su familia en el hotel Grau Roig de Andorra, donde compartió alojamiento con Gómez Paredes, Núñez Milara y sus respectivas familias durante las fiestas navideñas de 2006/07? ¿Que vinculación societaria había entre IGS Villalba y Eurofund Investments La Villa, S.L., qué objetivos económicos y comerciales les unían en el proyecto de la construcción del comercial de la ITV y qué papel desempeñaba en todo ello el Ejecutivo socialista? ¿Por qué se adjudicó la obra del túnel-parking a la UTE Ortiz-Cover, que presentó la oferta económica más alta y un tiempo temerario para la ejecución de la obra? ¿Por qué se le permitió a Concesionaria Villalba depositar y mantener fuera de plazo y sin coste alguno los vertidos de la obra en los terrenos de la ITV? ¿Por qué se admitieron modificados y complementarios que terminaron por duplicar el coste de esta obra, pasando de 20 a más de 40 millones de euros?
Consumadas las responsabilidades políticas (el Ejecutivo socialista liderado por José Pablo González perdió en las elecciones celebradas hace poco más de un año, concretamente el 22 de mayo de 2011, la mitad de sus concejales, viéndose con ello obligado a afrontar una profunda y compleja crisis), ha llegado el momento de conocer hasta donde pueden llegar las penales, responsabilidades que, caso de haberse producido, correspondería a los Tribunales de Justicia dictaminarlas cuanto antes.