Justos por pecadores

No sólo de los que pueden ganar más de dos mil o tres mil euros al mes (los menos), sino de la inmensa mayoría de mileuristas que apenas logran llegar a final de mes. Primero les congelaron los sueldos. Luego se los rebajaron entre un cinco y un 15 por ciento y ahora, cuando ya se habían acostumbrado a olvidarse del IPC y a hacer malabarismos con sus escuálidos sueldos, pierden la siempre ansiada paga extraordinaria de Navidad (o sufren una nueva reducción del 7%, como prefieran). Esa que destinaban a hacer los arreglos que no podían esperar más, o a cubrir las deudas acumuladas el resto de los meses. Así sobreviven y malviven los que mantienen los servicios públicos que sustentan el Estado de Bienestar que todos disfrutamos en mayor o menor medida. Los mismos que hace solo unos años respetaban con su silencio la lujosa vida que llevaban sus vecinos versados en las artes y los oficios profesionales más variados, los que apostaron por una forma de vida digna y alejada de todo lujo.

Hay quienes entienden este nuevo castigo a nuestros funcionarios como una forma de justicia divina frente al delito de haber aprobado unas oposiciones que aportan estabilidad (cada vez más lastrada y deteriorada). Pero esto es solo fruto de un arrebato incontrolado de frustración compartida (la OCDE augura un 25% de paro en 2013, por lo que uno de cada cuatro españoles se van a ver afectados). Digo esto porque las encuestas parecen indicar justo lo contrario. Véase la publicada por la web de ECG, o la última de Metroscopia, que revela que la nota más alta con la que la opinión pública calificaba la labor de los diferentes colectivos, grupos sociales e instituciones en manos de médicos, profesores de enseñanza pública, la Policía y la Guardia Civil. Los funcionarios en general superaban el aprobado (llegando casi al notable) y Cáritas, la Universidad y las Fuerzas Armadas rivalizan con las ONG. La peor nota se la queda, al fondo de la lista, los bancos y los partidos políticos (donde habrá de todo, digo yo). Pero ahí están los datos y las personas que los aportan.

Si en alguna de las administraciones el número de funcionarios ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, estúdiese el motivo, el detonante o el responsable del desatino y, en caso necesario, actúen en consecuencia y repárese la irregularidad. Pero no permitan por un desorden partidista o interesado que esto lo paguen las familias de quienes, bajo el filtro del mérito y la capacidad que otorga una oposición, garantizan el funcionamiento de nuestros servicios e instituciones públicas y soportan la estructura del Estado.