Aguirre aprueba un paquete de medidas para ahorrar 1.000 millones este año y propone reducir los diputados

La Comunidad de Madrid aprobó ayer un paquete de medidas en relación a la Administración regional y sus empleados para ahorrar 1.000 millones de euros este año, y propuso la reducción a la mitad del número de diputados en la Asamblea de Madrid (de 129 a 65), con lo que sería el primer Parlamento en España en disminuir el número de escaños, y la eliminación del “plus” que cobran los viceconsejeros con acta como parlamentarios.

Así, según aprobó el Consejo de Gobierno en el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes, que modifica parcialmente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, se llevará a cabo una
bajada de sueldo de los cargos políticos y personal de confianza en un 10 por ciento, y de los empleados públicos en un 3,3. Asimismo, se rebajará un 10 por ciento la jornada y el sueldo de los interinos, excepto a los docentes y a los asistenciales.

Con este paquete de medidas económicas, la Comunidad de Madrid pretende avanzar en el objetivo de estabilidad presupuestaria y en garantizar la consecución del tope de déficit fijado para las comunidades autónomas para este año. Este proyecto de ley está previsto que se apruebe a mediados del mes de julio.

En cuanto a las subvenciones, ayudas públicas, gasto corriente e inversiones sufren una importante minoración. Las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos se reducen en 3,9 millones. Además, la Comunidad dejará de sufragar el alquiler de los locales de las centrales sindicales.

En lo que respecta a las inversiones, se reducen en 30,3 millones, de los cuales 20 corresponden a carreteras. En material de oficina, publicaciones y promociones se reducen 6,7 millones. También se eliminan las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, lo que supondrá un ahorro de 2,7 millones.

Subida de tasas
El Gobierno regional llevará a cabo una actualización de tasas y precios públicos y la implantación de otras nuevas, con el objetivo de cubrir una mayor cobertura sobre el precio real del servicio prestado. Por ejemplo, se crea una tasa de 10 euros por emisión sucesiva de la Tarjeta Sanitaria Individual en caso de rotura o extravío, de la que quedan exentos los perceptores de Renta de Inserción.

Otra tasa de nueva creación es por estancia de los mayores en centros de día, que tendrán que aportar de media en torno a un 30 por ciento de su pensión, medida ya se aplica en centros de titularidad municipal como los de Madrid capital.

Entre los precios públicos que se actualizan, figura el de Educación Infantil (0-3 años), casas de niños y centros de enseñanza de régimen especial.

Entre las iniciativas de mayor calado está la creación de una Junta Central de Compras de productos sanitarios para establecer un catálogo único de productos -material de curas, quirófano y fungible o material laboratorio y reactivos- para ahorrar a la hora de adquirir los materiales.

Además, en cumplimiento con lo fijado por el Estado a las comunidades, la vacuna del neumococo y los tratamientos contra el tabaquismo dejarán de estar financiados por la administración pública. En el caso de las operaciones de cambio de sexo, se mantienen dentro de la cartera, pero deberán acreditar una residencia mínima de dos años en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a Educación, se reduce la subvención de becas de comedor y ayuda de libros. En área de empleo, al desaparecer la transferencia que el Estado realizaba para cursos de formación por un importe de 213 millones de euros, se elimina esta partida. Asimismo, la matrícula universitaria tanto en grado como en máster experimenta una subida por aplicación de la normativa básica estatal impulsada por el Gobierno de España, que incrementa los precios públicos.

Además, el Gobierno regional propone la implantación de un peaje en autovías regionales, cuya explotación se sacará a concurso de concesión. El concesionario instalará el sistema de cobro y entregará a la Comunidad la recaudación, quedándose con un porcentaje que se acuerde. La intención es acelerar el proceso lo máximo posible para lograr que el sistema esté instalado a principios del año que viene.

Respecto a Justicia, se reduce un 20 por ciento la aportación al turno de oficio en la prestación de asistencia jurídica gratuita.

En Asuntos Sociales, se mantiene la gratuidad de la prestación de discapacidad únicamente para rentas mínimas de inserción. En materia de vivienda, se va a suprimir la participación de la Comunidad en los Consorcios Urbanísticos. También se restructurará la plantilla del Instituto de Realojo e Integración Social y de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA).