Se aprueba una ordenanza que perseguirá los ‘graffitis’, el ruido y los daños al mobiliario

El primer teniente de alcalde, José Flores, explicó que lo que se pretende con esta normativa es una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello se perseguirá con dureza a los responsables de las pintadas, de la suciedado a quienes no recojan los excrementos de sus mascotas, etc. Es decir, todo aquello que perturba la convivencia. Pero también se actuará contra la venta ilegal de vehículos y se contemplan aspectos como los conflictos intervecinales.

Durante la sesión plenaria, UPyD mostró su apoyo a esta nueva normativa porque “ha tenido en cuenta el 99 por ciento de las alegaciones de la oposición”.

Sin embargo, IU y PSOE mostraron su rechazo a la misma. Los socialistas criticaron algunos párrafos del documento y señalaron que mediante esta normativa se estaba creando la figura del vecino-policía. Por su parte, el Equipo de Gobierno, vio contradictorios muchos de los argumentos del PSOE ya que muchos aspectos recogidos figuraban ya en ordenanzas elaboradas y aprobadas en gobiernos socialistas.

Amplia normativa
Se trata de una normativa que cuenta con 68 artículos, recogiendo aspectos muy diversos con el fin de conseguir la colaboración ciudadana para crear un entorno medioambiental “óptimo y saludable”, indicaron desde el Ejecutivo.

El vertido de residuos líquidos, basuras y escombros a la vía pública; la realización de pintadas y graffitis sin la correspondiente autorización; el daño y uso indebido de mobiliario urbano y juegos infantiles, son, entre otros muchas, algunas de las conductas prohibidas.

De igual forma, la ordenanza incluye un régimen de sanciones con multas que podrían llegar a los 3.000 euros. Por ejemplo, los solares privados que no tengan su correspondiente cerramiento o se encuentren en mal estado con escombros, residuos o maleza, con riesgo de incendio, pueden ser objeto de sanción de hasta 1.500 euros. Igual multa se establece para quienes no recojan los excrementos caninos en la vía pública, generen ruidos excesivos en el interior de las viviendas o utilicen el coche como ‘discoteca móvil’. En el caso de daños al mobiliario urbano y espacios públicos las sanciones económicas pueden alcanzar los 3.000 euros.

Periodo de alegaciones
El primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Local, José Flores, destacó que “la ordenanza que ahora se ha sometido a aprobación inicial está sujeta a un periodo de alegaciones de un mes”.

Flores ha resaltado que es “un reglamento meramente técnico, que no pretende tener un interés intervencionista, ni recaudatorio, y que su único fin es fomentar la plena convivencia entre todos los ciudadanos y el respeto de los espacios y bienes públicos”.

La ordenanza también contempla la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por trabajos a la comunidad. Flores ha señalado que “esta alternativa, con un claro componente educativo, debe ser solicitada expresamente por los infractores, y, en el caso de los menores de edad, con la aprobación de padres o tutores”.

IU se ausenta del pleno en este punto
Los tres concejales de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de Collado Villalba abandonaron el pleno en el debate de la ‘Ordenanza de Fomento y Garantía Ciudadana’, señalando que no se “ajustaba a la legalidad”. En una nota de prensa, IU ha asegurado que sus concejales se negaron a votar “ya que esta ordenanza no contaba con el informe preceptivo del secretario municipal ni informes técnico-jurídicos”. Durante la sesión, la concejala Elena Martínez también mostró la disconformidad de su formación con el texto, ya que a su juicio regulaba de forma regresiva, entre otras cuestiones, el derecho de expresión de los vecinos o asuntos de carácter social como la indigencia. Según Martínez, “esta ordenanza continua la línea de la normativa que se ha venido aprobando en este Consistorio por el anterior Equipo de Gobierno del PSOE. Estos textos criminalizan las actividades de los vecinos en lugar de regularlas”.