Los aciertos del Gobierno de Rajoy

Medidas acertadas
Entre las medidas acertadas, y ateniéndome en lo posible al orden cronológico, cabe destacar las que se enuncian en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, aquella cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas. Esta medida, que ha pasado desapercibida para muchos medios, es de vital importancia, pues por un lado obliga a las administraciones autonómicas a que sus cuentas deban presentar equilibrio financiero o superávit, es decir que los presupuestos no pueden presentar déficit, y por otro se fija un límite de endeudamiento del 60 por ciento del PIB. Difícil reto, sobre todo para algunas autonomías. Para ello se otorgan al Ministerio de Hacienda dos herramientas importantes: la supervisión previa de los presupuestos autonómicos y la posibilidad de exigir responsabilidades a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto. Es decir, que ya no será responsable el órgano impersonal sino la persona física que como tal puede ser sujeto de responsabilidad incluso penal. Otras medidas en este sector dignas de destacar son: rebajar un 30 por ciento los sueldos de los directivos de las empresas públicas, y establecer un tope máximo de 300.000 a 600.000 euros a los directivos de la banca que hayan sido objeto de intervención o receptoras de fondos públicos.

Dentro de las medidas propuestas para la reforma de la Ley de Educación caben destacar tres que, por su importancia y si se mantienen en el tiempo, van a tener especial transcendencia en el sistema educativo nacional: dos pruebas académicas de carácter nacional obligatorias para todos los alumnos al final de Primaria y de Secundaria (¿Os suena? Bachiller elemental y superior del antiguo plan de 1957); una nueva oposición de carácter general y nacional para todos los profesores de educación media, título que les habilitaría para ejercer la docencia en todas las comunidades autónomas; y por último la educación bilingüe español-inglés desde la Educación Infantil y trilingüe en las zonas con otras lenguas co-oficiales. Todas estas medidas unifican un derecho fundamental de todos los ciudadanos como es la educación, regulando los planes de educación y evitando el trato discriminatorio que venían imponiendo los modelos autonómicos.

Sector financiero y reforma laboral
En lo referente al sector financiero, es de alabar la propuesta encaminada a su saneamiento, en virtud de la cual los pisos embargados de familias y que constituyeran su primera residencia tendrán que alcanzar una cobertura del 40 por ciento en cuatro años. Hasta ahora, estos activos, al igual que el resto de inmuebles, tenían que dotarse a razón de un 10 por ciento por cada año que pasaran en balance hasta un máximo del 30 y para la segunda residencia y el resto de vivienda terminada embargada a particulares y promotores, la cobertura pasa del 30 actual al 50. Esto significa que los bancos van a tener que afrontar de una vez por todas los precios reales de sus activos inmobiliarios, hacer la oportuna dotación con cargo a sus propios beneficios o vender un 40 por ciento más baratas las viviendas embargadas que constituyen un parque inmobiliario. Si además se va a fomentar entre la banca que acepten la dación de pago de las hipotecas de las primeras viviendas a cambio de beneficios fiscales, la medida queda redonda y no cabe duda que inyectará liquidez en el mercado.

También podemos destacar medidas acertadas en la tan denostada reforma laboral como aquella por la que se habilita a las distintas administraciones públicas a presentar expedientes de regulación de empleo para su personal laboral. Esta medida afectará mayormente a las empresas públicas que se financian mayoritariamente con ingresos de operaciones con el mercado. Esta norma zanja de una vez por todas la controversia de algunos tribunales que establecían que los empleados públicos laborales no podían ser objeto de regulación de empleo, pues la administración pública no está expuesta a los mismos riesgos que las empresas. Otra no menos importante y que quizás pase desapercibida es aquella que establece que los desempleados que rechacen un trabajo adecuado a su perfil o los trabajadores sociales que se le encomienden les será retirada la prestación; es una forma de evitar el trabajo en negro para no perder el desempleo.