El Ayuntamiento rechaza un dudoso proyecto deportivo promovido por la anterior alcaldesa

El Ejecutivo (PP) y el grupo Vico, que no se opusieron a este proyecto cuando estaban en la oposición, cambiaron de parecer recientemente al conocer más en detalle la realidad económica de este complejo privado. Una actuación que estimaba una inversión privada de 4.278.000 euros, pero que requería la cesión de 9.572 metros cuadrados de suelo público en el polideportivo municipal.

El proyecto, según explican desde Alternativa por Colmenarejo, surgió de la propia ex alcaldesa, tras constatar la imposibilitad de sufragar el Ayuntamiento el coste de una piscina cubierta.

Sin concurso público
A partir de ese momento, mediado el anterior mandato, “Peces-Barba pone en marcha en tres días un procedimiento para la construcción privada no sólo de una piscina cubierta, sino de todo un complejo deportivo acuático, ocupando una parcela de suelo del polideportivo con una extensión de 9.575 metros cuadrados de suelo público. Aún no se había decidido que APIC no se presentaría a las elecciones municipales”, explica AxC.

El centro deportivo tenía previsto incluir una zona de spa, otra zona de fisioterapia y piscinas climatizadas, Por otra parte, las instalaciones albergarían un gimnasio, ludoteca, área comercial, cafetería-restaurante, área administrativa y parking. AxC recuerda la premura con que se llevó a cabo el proceso por parte del Ayuntamiento y el empresario interesado: “El 18 de febrero de 2011, Armando Álvarez, en representación de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Colmenarejo (ASECOM), presenta un escrito al Ayuntamiento de una iniciativa privada en suelo público, consistente en la concesión y construcción de un centro deportivo en régimen de concesión de obra pública a 40 años. En ella solicitaba que el concurso y la tramitación administrativa se convoque mediante procedimiento restringido, dada la complejidad”.

El siguiente día hábil, la entonces alcaldesa declaró “la necesidad y conveniencia de realizar la concesión de obra pública consistente en un centro deportivo ubicado en la parcela municipal”. Tras esta instrucción, pidió a la Secretaría municipal que incluyera el asunto en el orden del día del pleno del día 24. Lógicamente, esta premura impidió que el asunto pasara por la correspondiente comisión informativa. Los grupos APIC, IU y PSOE aprobaron la citada moción, mientras que PP y VICO se abstuvieron en espera de recibir un estudio de viabilidad, “tal como exige la ley e indica el informe jurídico”.

Tras las elecciones
Las elecciones de mayo de 2011 dejaron en suspenso el proyecto. Pero con la llegada del nuevo mandato, el mismo empresario local volvió a retomar el proyecto, aunque lo apadrinó entonces bajo la sociedad Aralya S.L.U.

El pasado mes de noviembre, se presentó el estudio de viabilidad a los grupos municipales para su estudio. “El Partido Popular y Vive Colmenarejo, que habían apoyado la iniciativa hasta el momento, se convencen ahora de que es inviable, a pesar de que la maqueta presentada y los datos que se facilitan en el estudio de viabilidad, obviamente, indican que el proyecto es rentable”, aseguran desde Alterntiva por Colmenarejo.

Escaso rigor
Este grupo, ya presente en la Corporación municipal en noviembre, analizó detenidamente el estudio de viabilidad, destacando “el escaso rigor con que está presentado y la ausencia de datos esenciales, lo cual es corroborado posteriormente por los informes técnicos municipales”. Por ello, los concejales de esta formación independiente denunciaron el enorme riesgo que asumiría el Ayuntamiento con este tipo de contratos, “que puede empeorar aún más la situación del municipio”. Por otra parte, AxC manifestaba su rechazo a la cesión de suelo público de instalaciones deportivas durante 40 años, “porque es una reserva para el crecimiento previsto de la población, además de insistir en las nulas garantías de quienes promueven la iniciativa”. El grupo de la oposición concluye que el valor del suelo, que calculado por lo bajo no es inferior a 5 millones de euros, hubiera quedado bloqueado durante 40 años. “Por ello, lamentamos que iniciativas políticas tan irresponsables como ésta hayan tenido tanto recorrido y se haya invertido tanto tiempo de funcionarios y políticos”, indica AxC, añadiendo que “actuaciones como esta son las que llevan a los ayuntamientos a la bancarrota”.