El Ejecutivo afirma que la deuda asciende a 8,5 millones de euros

El Ayuntamiento de El Boalo confirmó esta semana que sus cuentas arrojan una deuda de 8,5 millones de euros frente a un presupuesto de 6,5 millones para 2012. Estas es la situación de las arcas municipales que asegura haberse encontrado el cuatripartito formado por PSOE, Izquierda Unida, Soy Vecino y JPB tras los seis primeros meses de gobierno.

Cifras como los 360.000 euros de la deuda pendiente con Urbaser (recogida de basuras) desde 2006, los 2,7 millones de deuda con las constructoras de los edificios administrativos o los 560.000 euros de intereses de demora reclamados en los juzgados por dichas empresas.

Retrasos de hasta 300 días
También aseguran haber detectado 2,1 millones de euros pendientes de pago del crédito solicitado a largo plazo para el pago de estos edificios, 16.500 euros de un antiguo crédito de 1998, 161.000 euros de la operación de tesorería que finaliza mañana, 31 de diciembre, y 2,3 millones de deuda con los proveedores y las empresas que prestan los servicios básicos del Ayuntamiento.

Estas mismas fuentes señalan de hecho que “proveedores y contratistas han sido los que han soportado el gasto y financiado la deuda municipal, con una demora en los pagos de las facturas que alcanzaba los 300 días en muchos casos”.
“La ausencia de concursos en las adjudicaciones, trabajar con presupuestos municipales prorrogados y la falta de rigor al no considerarse los informes negativos elaborados por los servicios de intervención municipal, son los principales motivos que han disparado el gasto”, subrayaron.

Auditoría y Plan de Saneamiento
Esta situación aconseja, según el Ejecutivo de coalición, la contratación de una “auditoría de gestión” que analice “las posibles irregularidades y responsabilidades del anterior Equipo de Gobierno”.

Con el objetivo de atajar esta complicada situación económica, el Ayuntamiento se ha comprometido a elaborar un Plan de Saneamiento a tres años, como marca la Ley, que contemple los siguientes puntos: la solicitud de un crédito ICO de 230.000 euros (el máximo permitido al Consistorio) para el pago de las facturas más atrasadas de los pequeños proveedores; suprimir la externalización de los servicios de limpieza y jardinería para conseguir un ahorro anual de 300.000 euros de gasto corriente; o reducir un 50 por ciento los gastos de festejos populares.

Venta de parcelas municipales
Además, entre las propuestas del cuatripartito figuran igualmente la posibilidad de negociar un préstamo bancario de legislatura que permita saldar cuentas pendientes con los pequeños proveedores, “para que dejen de ser quienes soportan y financian la deuda municipal”; implantar un sistema administrativo de gestión digital que permitirá ahorrar 10.000 euros anuales de material administrativo; y la venta de parcelas urbanas municipales a unos precios de mercado asequibles “que garanticen la provisión de fondos para el pago de la deuda contraída por la construcción de los edificios administrativos”.