El ‘Caso Villalba’, del Ayuntamiento a los tribunales

El mayor escándalo político de la comarca tiene un nombre, el Caso Villalba. Desde que ABC y El Faro del Guadarrama publicasen en las últimas semanas de 2010 las fotos de la cena de Nochevieja en un hotel de lujo de Andorra, cuyos protagonistas eran el entonces alcalde, José Pablo González (PSOE) y los empresarios adjudicatarios de la obra más cara de la historia de este municipio, todo hacia presagiar que este caso acabaría en los tribunales, como así ha sido.

Hay que recordar que la obra del túnel de Honorio Lozano - Batalla de Bailén fue adjudicada por 20 millones para acabar costando 40. Además, se dilató en el tiempo mucho más de lo previsto, sin que el PSOE pidiera una indemnización por este retraso. Meses después, las fotografías y filtraciones destaparon que tanto el ya ex regidor, José Pablo González, como su mano derecha, el ex concejal José Antonio Gómez Sierra, eran íntimos amigos de los constructores.

El Partido Popular, Izquierda Unida y el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias han interpuesto sendas denuncias basadas en presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

El escándalo estaba servido y, como consecuencia de ello, el entonces portavoz del PP, Agustín Juárez, pidió una Comisión de Investigación (14 de enero de 2011) para conocer las relaciones existentes entre el regidor y los empresarios del Caso Villalba. Juárez recordó las numerosas adjudicaciones municipales recibidas por los propietarios de Cover y la promotora IGS.

El túnel y sus conexiones
Tras el parón navideño (28 de enero de 2011), el Ejecutivo presidido por González rechazó la petición de crear una Comisión de Investigación y de esta manera el regidor evitaba responder a las 50 preguntas formuladas por los populares sobre este tema. Ante esta negativa, el presidente del PP y candidato a la Alcaldía se pregunta qué esconde José Pablo González, añadiendo que los vecinos “no se merecen un gestor tan despilfarrador, que se va de vacaciones con los constructores de las obras más discutidas de la historia de esta localidad”. Febrero tampoco trae buenas noticias para el entonces Equipo de Gobierno del PSOE, pues el lunes 7, y bajo el título La conexión de Villalba sale del túnel, el diario ABC publica una nueva información donde amplía las relaciones existentes en la supuesta trama político-empresarial que quedó al descubierto tras revelarse las fotos del alcalde, José Pablo González Durán, y dos conocidos empresarios (José Carlos Gómez, propietario de Cover, y Evaristo Núñez Milara, entonces editor de El Telégrafo). En esta ocasión, el citado periódico hacía referencia a la empresa Aldalea Business, propiedad del edil de Hacienda. Estas últimas revelaciones hacen que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reitere públicamente la necesidad de crear una Comisión de Investigación para depurar las responsabilidades que se pudieran derivar. “Los ciudadanos tienen derecho a conocer si se ha producido alguna irregularidad”, manifestó la jefa del Ejecutivo madrileño.

Blanco y en botella
Así, el 24 de febrero, el grupo municipal del Partido Popular de Collado Villalba asegura que irá a los tribunales si no se crea la citada comisión. Días más tarde, José Carlos Gómez Paredes, propietario de Cover, comunica a los medios que ha presentado una demanda, con acto de conciliación previo, contra Agustín Juárez, por los presuntos delitos de injurias y calumnias. “Si le pido explicaciones al alcalde y me contesta el constructor [con una querella], blanco y en botella”, señaló el entonces portavoz del PP. “Si con esto pretenden que me calle, no lo van a conseguir”, subrayó.

El Faro del Guadarrama anunció el 11 de marzo que el PP, tras las nuevas informaciones publicadas por el diario ABC, había decidido llevar el Caso Villalba a los tribunales. En dicha información se ponía en evidencia la factura presuntamente irregular presentada por el alcalde, con la que intentaba justificar el pago de su estancia y la de su familia en el hotel Grau Roig de Andorra en las Navidades de 2006/07, así como el haber permitido a la UTE Ortiz-Cover no llevarse parte de los restos de la obra depositados en los terrenos de El Caño de la Fragua (ITV) al vertedero, lo que permitió a los constructores del túnel-parking ahorrarse más de 600.000 euros.

Pero el Caso Villalba no quedó ahí. Tras los comicios de mayo, que le dieron la mayoría absoluta al Partido Popular, el nuevo Equipo de Gobierno descubrió que aún existían facturas sin pagar de la costosísima obra del túnel-parking de Honorio Lozano.

Fiscalía y Tribunal de Cuentas
Además, el 9 de septiembre, nos hacíamos eco de la solicitud del secretario municipal del Ayuntamiento de Collado Villalba de poner en conocimiento de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas el expediente del concurso del túnel de Honorio Lozano, en cuanto existía una conexión con la actuación llevada por el anterior Gobierno municipal del PSOE en el área de Hacienda.

Ya el 28 de octubre publicamos en las páginas de este semanario que el titula del el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba había admitido a trámite la denuncia presentada por el PP, dirigiéndose al Ayuntamiento para recabar todo tipo de información sobre la adjudicación de este polémico proyecto.

El Caño de la Fragua
También ha sido noticia durante 2011 la intención del ex alcalde socialista José Pablo González de construir un nuevo centro comercial en los terrenos del Caño de la Fragua (junto a la ITV), cuestión que se vio envuelta de polémica después de que El Faro del Guadarrama destapase en los últimos meses de 2010 las implicaciones político-empresariales de esta operación, un entramado cuyo principal protagonista era uno de los empresarios vinculados a la obra del túnel-parking de Honorio Lozano, Evaristo Núñez Milara. En las primeras semanas del año, el entonces alcalde, José Pablo González, aseguró que se volvería a convocar el concurso para poner en marcha este proyecto, algo que finalmente no llegó a producirse.