El Equipo de Gobierno prevé cerrar el próximo ejercicio con un superávit de 426.000 euros

La austeridad, lo primero. Ésa es la idea que el Equipo de Gobierno quiso transmitir en la presentación de los presupuestos para 2012, aprobados inicialmente hace unos días y que prevén un superávit de 426.000 euros, con unos ingresos de 24,6 y unos gastos de casi 24,2 millones de euros.

El edil de Hacienda, Fernando Arias, indicó que, pese a los ajustes, el Ayuntamiento “va a cubrir las necesidades básicas de los vecinos”, además de “pagar la deuda”, en algunos por situaciones heredadas desde 1997, capítulo que se lleva el 23,5 por ciento del total, lo que supone 5,7 millones de euros. Otra de las prioridades será cumplir con el Plan de Saneamiento vigente hasta 2015, con la premisa de “gastar sólo aquello que se ingrese”.

Reestructuración de la plantilla
En este contexto, el alcalde de Galapagar, Daniel Pérez, destacó el “esfuerzo en contención del gasto” que el Equipo de Gobierno ya está realizando, con el objetivo de “generar confianza y credibilidad”. “Las empresas tienen que saber que el Ayuntamiento va a pagar”, manifestó, reiterando que se pueden prestar servicios de igual o mayor calidad, “pero con menos gasto”. Para ello, prosiguió, es fundamental la “reestructuración de la plantilla, con un organigrama que no existía hasta ahora”. Garantizó igualmente el pago de las nóminas a los trabajadores municipales y subrayó que la deuda con que el PP se encontró en 2008 ascendía a 22,6 millones de euros, mientras que ahora ya está por debajo de 11. Y en esa línea, aseguró, seguirá trabajando su Ejecutivo, de modo que, si se cumplen las previsiones del Plan de Saneamiento, el próximo ejercicio se cerrará con 8,6 millones de euros de deuda, cantidad que bajará a 7 millones en 2013, 4,9 en 2014 y que prácticamente desaparecerá en 2015, quedándose en apenas 765.000 euros. “15.500 euros diarios se destinan a la amortización de deuda e intereses desde 1997”, señaló Pérez.

Desglosando los presupuestos por capítulos, el regidor explicó que las mayores partidas van a parar a Personal (34,7 por ciento) y amortización de deuda (23,5), mientras que el coste de los cargos políticos supone un 1,96 por ciento del total, tras haber pasado de 690.000 euros en 2008, aún con el gobierno cuatripartito encabezado por el PSOE, a los 474.000 actuales. En cuanto a Personal, de 11,7 se ha recortado a 7,9 millones de euros, cantidad equivalente a lo que recauda el Ayuntamiento en concepto de IBI. Todo ello después de que la plantilla municipal haya pasado de 412 a 218 personas. “Hemos ido reestructurándola, adecuándola a la realidad”, aseguró el alcalde, añadiendo que en España “el número de empleados públicos está hiperdimensionado; es imposible continuar así”. También destacó que los gastos protocolarios se han eliminado completamente, recordando que todavía existen deudas de hasta 6.000 euros con restaurantes, procedentes de la etapa del cuatripartito liderado por la socialista Carmen Toledano. Respecto al capítulo de Festejos, se mantiene en 105.000 euros (cuatro veces menos que hace cuatro años), mientras que las inversiones se limitarán a 500.000 euros, destinándose principalmente a actuaciones de mantenimiento y reparación de infraestructuras (acerado, asfaltado, alumbrado, etc.). En este sentido, reiteró la apuesta del Equipo de Gobierno por la “iniciativa privada”, como en el caso del proyecto que se maneja para el antiguo Centro de Salud y el Mercado Municipal. “Esto genera empleo y riqueza, con menos inversión por parte de las administraciones públicas”, indicó.

El destino de los impuestos
Finalmente, el primer edil quiso hacer una reflexión al papel de las Administración local, indicando que el Ayuntamiento “presta los servicios más directos y cercanos a los vecinos y sin embargo es el que menos impuestos recibe, de modo que sólo 7 de cada 100 euros que se pagan de impuestos van a parar a los ayuntamientos, mientras que los 93 restantes se los reparten las comunidades y el Estado. Algún día esto tendrá que cambiar”, señaló, añadiendo que durante tiempo se entró en una especie de competición entre los distintos consistorios “para ver quién daba más servicios”, algo que en las circunstancias actuales es inviable, por lo que se mostró partidario de limitar de forma explícita las competencias que deben prestar los ayuntamientos.