El Ayuntamiento investiga el daño medioambiental en un camino

Respecto a la titularidad del camino, existe cierta controversia entre la información catastral que acredita su privacidad y el testimonio de lugareños que aseguran que se trata de una senda pública de mayor recorrido que el actual. Por ello, la Concejalía de Medio Ambiente está profundizando en su estudio.

Daño forestal
En cualquier caso y mientras se dilucida la propiedad del camino, de lo que no cabe duda a los ediles de AxC es del perjuicio que esta actuación ha provocado al medio natural. El paso de la maquinaria empleada ha provocado daños a diversos ejemplares de vegetación autóctona, como encinas, quejigos y enebros.
“Aparentemente, aunque es objeto de estudio por los agentes forestales, no se ha afectado a ningún cauce, ya que afortunadamente la máquina detuvo su actividad inmediatamente antes de afectar al arroyo de la Peraleda, lo que sin duda habría constituido una gravísima infracción”, explican desde la citada formación.

Culpan al anterior Ejecutivo
Según explican desde este grupo municipal, “parece ser que el propietario de la finca solicitó hace tres años permiso para ensanchar el camino, sin que recibiera respuesta alguna”.

La falta de comunicación por parte del Ayuntamiento, continúan desde AxC, tras la solicitud del propietario “es moralmente tan inaceptable como la actuación arbitraria de éste. Ese permiso debería haberse concedido cuando se solicitó, puesto que no se podía negar. De haberse hecho así habría dado pie a un condicionado en la licencia que, al menos, habría obligado a una poda en condiciones de las ramas y pies, así como a un control de la obra por parte de los técnicos municipales. Esto habría supuesto un impacto mucho menor y habría evitado la justificada alarma ciudadana que ha causado”.

Ante la carencia de una normativa ambiental y de protección del arbolado exhaustiva, el Consistorio tiene que recurrir al cuerpo de agentes forestales y a la legislación de la Comunidad de Madrid. Por ello, AxC considera necesario “hacer una modificación de la actual ordenanza de arbolado o dictar una específica, actualizada en todo caso a la nueva legislación autonómica en esta materia”. La ordenanza de protección de arbolado actual no se puede aplicar en este caso por estar limitada al ámbito urbano, aunque sí se aplicará, sin embargo, la legislación sectorial de la Comunidad de Madrid, a través del expediente abierto por los agentes forestales.

En principio, explican estas mismas fuentes, “las infracciones cometidas son de tipo administrativo y no penal; la titularidad privada del suelo reducirá considerablemente las sanciones a imponer. Las circunstancias personales del infractor, unidas al silencio administrativo municipal ante sus razonables demandas, seguramente pesarán a la hora de determinar la sanción. No creemos que éste sea un caso adecuado para imponer sanciones ejemplarizantes, que jurídicamente tampoco estarían sustentadas, pero sí que nos debe servir para corregir errores y estar preparados para actuar eficazmente ante situaciones similares”.